[INFORME] La situación en Cuba y la garantía de los Derechos Humanos

El pasado 11 de julio iniciaron las multitudinarias protestas históricas en Cuba en las que miles de personas tomaron las calles en las principales ciudades de la isla bajo el lema “Patria y vida”, en contraposición al conocido “Patria o muerte”, utilizado por el régimen castrista.

Frente a esto, el presidente Miguel Díaz-Canel se dirigió al país caribeño en cadena nacional de radio y televisión para llamar a todos los seguidores y militantes del Partido Comunista de Cuba a “enfrentarse” a los manifestantes, a quienes calificó de “contrarrevolucionarios” y “traidores”.

El contexto respecto a la garantía de derechos

Actualmente, el régimen estatal cubano se encuentra normado por su Constitución, la cual fue por última vez reformada en 2019. Esta ha sido una de las reformas más importantes que ha vivido la isla respecto a su marco jurídico (la anterior Carta Magna, data del año 1979, en la que todavía gobernaba Fidel Castro). Este documento es producto de un proceso de transformaciones estatales que ha emprendido Miguel Díaz-Canel, el cual ha estado acompañado de promesas para revisar y ampliar el reconocimiento de ciertos derechos a sus ciudadanos.

Los mayores cambios que pueden observarse en la vigente Ley fundamental son el reconocimiento de la importancia del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para fomentar el crecimiento económico; la reestructuración del Poder Ejecutivo cubano con un Presidente, un Vicepresidente y la recuperación de la figura del Primer Ministro (antes, el cargo era unipersonal y bajo el nombre de “Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros”, ambos bajo el control de Díaz-Canel), la limitación del período presidencial a solo 5 años con la opción de reelección única; y, finalmente, el nuevo texto incorpora de manera textual que el principio de dignidad humana será el “sustento fundamental” para el ejercicio de los derechos y deberes reconocidos constitucionalmente.

Para abordar este tema, el cual reabre la discusión sobre la garantía de los DD. HH. en dicho país, Perú Legal conversó con Alonso Gurmendi, profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico y experto en derecho internacional humanitario.

¿Cuál es la situación actual de Cuba respecto a la garantía de derechos humanos? ¿Ha podido observar cambios en los últimos años?

Gurmendi: “En principio, en Cuba no se cumplen con todas las garantías internacionales respecto a derechos humanos que se plasman en los diferentes tratados refrendados por los distintos países." 

Durante el proceso de apertura que se inició durante el gobierno del expresidente de los Estados Unidos (Barack Obama), Raúl Castro había mencionado que en Cuba se cumplían solo 27 derechos humanos. Entonces, podemos observar que en Cuba hay un claro problema de ratificación de tratados, sobre todo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 

En ese sentido, no hay suficientes garantías a los derechos humanos: no se respeta el derecho a la protesta, no se respeta el derecho a la privacidad, no se respeta la presunción de inocencia (es más: hay detenciones arbitrarias de forma regular). Y creo que, por más que Cuba haya atravesado un proceso de apertura en los últimos años (por ejemplo, ahora hay más acceso a internet), es imposible no calificar a Cuba como una dictadura y que, como tal, viola los derechos humanos.”

La respuesta de la comunidad internacional 

Luego de varios días de protestas, los distintos gobiernos del mundo, a través de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, han emitido comunicados en los cuales han manifestado diversas posturas que reflejan las posiciones políticas propias de los gobiernos de turno.

¿Qué tanto afecta que la región (Sudamérica en específico) no tenga una respuesta sólida y unánime frente a la situación en Cuba?

Gurmendi: “(...) Es importante reconocer que los derechos humanos son una causa internacional, de todos. En ese sentido, resulta importante que tengamos en cuenta que hay distintas formas y manifestaciones del ‘soft power’ (anglicismo traducible como ‘poder blando’) que se tienen para influenciar a los estados para que tomen medidas. Una de ellas es el denominado ‘naming and shaming’ (un anglicismo que podría traducirse como “nombrar y avergonzar”).

Por eso la región debe hacer notar estas violaciones a los derechos, y que esto se dé tanto por parte de la sociedad civil organizada como a través de las Cancillerías, para aumentar la presión con los pocos mecanismos que tenemos para hacer que un país cumpla con los derechos fundamentales, sobre todo en casos como el de Cuba, en los que se presenta como problema la falta de ratificación de los tratados internacionales.”

Sobre la vía multilateral, ¿qué alternativas encuentra para lograr consolidar este compromiso con la democracia en la región?

Gurmendi: “Cuba está sometida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no la respeta ni acepta su jurisdicción. Por esto, puede decirse que hay herramientas limitadas en Cuba y no es posible mayores cambios por vía de estas instituciones. La solución tampoco debería venir por parte de gobiernos como el de Estados Unidos o mediante alguna interferencia militar o bélica, eso no es una solución real a la situación de Cuba, sino que se trataría de la afectación a asuntos internos del principio de no intervención (no es que se pueda atacar a un país militarmente).”

El asunto del embargo comercial

Actualmente rige sobre Cuba el denominado “embargo comercial”, el cual fue impuesto por el gobierno estadounidense a la isla a través de distintas medidas a lo largo de los años. El primero de ellos se dio en 1958, durante el régimen del dictador Fulgencio Batista. La segunda medida se adoptó en 1960, ya en tiempos en los que gobernaba Fidel Castro, como respuesta a las medidas de expropiación de las distintas compañías y propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. 

Esta última medida es la que más ha durado en la historia contemporánea. Sus efectos han sido negativos sobre todo para los ciudadanos cubanos. Es por esto que el embargo ha sido condenado, al menos, 28 veces en las Naciones Unidas.

Al respecto, Gurmendi señaló que resulta necesario que “(...) el embargo por parte de EE.UU. se levante, pues ha demostrado ser una política contraproducente que daña a la población y no al gobierno.” Además, menciona que es una medida que “responde a la política interna estadounidense y no a una política internacional sensata”, por lo que reafirma que es necesario “ejercer presión al gobierno cubano y señalar sus violaciones a los derechos humanos”, pero que no puede olvidarse que “el embargo es una realidad y es una política que, a su vez, debe terminar”.

¿Cómo puede contribuir la comunidad internacional para permitir que los cubanos puedan manifestarse y ejercer derechos como el de la protesta o la libre reunión?

Gurmendi: “Más allá de aumentar la presión internacional, no se puede hacer mucho. Cuba es un país muy cerrado, es difícil ejercer presión estratégica de esta forma. Es importante que todos los países del mundo ejerzan acciones como el ‘naming and shaming’ para poder lograr cambios. En estos momentos, la principal herramienta que tiene el pueblo cubano es su valentía misma, para salir a la calle y protestar, a pesar de la violencia estatal que enfrenta.

Podemos esperar que el gobierno de Díaz-Canel ceda [un poco] ante la presión interna y esto [la situación] mejore poco a poco. Hay un rol para los derechos humanos desde la perspectiva de seguir insistiendo en fueros internacionales para que Cuba ratifique los tratados que están aún pendientes y que cumpla con sus obligaciones interamericanas e internacionales”.

Una Cuba garantista de derechos, ¿es posible?

Finalmente, no deja de ser pertinente preguntarse si Cuba, a pesar de todo, podría volverse un país que pueda reconocer de manera más amplia derechos y libertades a sus ciudadanos. Sobre esto, Gurmendi menciona que el camino para Cuba no está, en ningún caso, cerrado. “[El camino] está abierto: no hay nada que le impida [a Cuba] cumplir con los derechos humanos [y garantizarlos]. Lo único que le impide es su negativa a ser una [verdadera] democracia y a respetar el Estado de derecho.”