Alberto Fujimori: Estado peruano acatará decisión de CorteIDH

Hoy se desarrolló la audiencia pública virtual en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar el pedido de medidas provisionales.

La sesión inició con los representantes de las víctimas de ambos casos, quienes sustentaron la solicitud de medidas al estar en desacuerdo con la orden del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los casos mencionados.

El abogado Carlos Rivera aseguró que, en su reciente decisión, el TC no analizó los argumentos que tuvo la Corte Suprema en el 2018 cuando dejó sin efecto el indulto humanitario concedido a Fujimori en diciembre de 2017; mientras que el abogado David Velasco apuntó que, en el proceso de hábeas corpus a favor del expresidente, el Tribunal no convocó a la defensa de las víctimas.

“Habiéndose convocado al debate y decisión del hábeas corpus de manera absolutamente irregular y sin la transparencia que requieren este tipo de procesos (…) resulta evidente que la decisión adoptada por el TC es totalmente contraria a los parámetros establecidos por esta alta Corte”, añadió Velasco.

Intervención del Estado

En representación del Estado peruano, el procurador supranacional Carlos Reaño afirmó que el Estado reconoce la autonomía de organismos como el TC, máximo intérprete de la Constitución cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio, aunque también se comprometió a cumplir con la decisión que adopte la CorteIDH.

“El Estado peruano reconoce el carácter vinculante de las sentencias y resoluciones emitidas por la CorteIDH”, puntualizó.

A su vez, añadió que el presidente Pedro Castillo ha expresado su solidaridad con las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por lo cual se comprometió a cumplir con las resoluciones que emita el tribunal internacional.

Al ser consultado sobre la posición concreta del Estado frente a las medidas provisionales solicitadas, Reaño alegó que la sentencia del TC ha sido cuestionada, por lo que corresponde que la CorteIDH evalúe si dicho fallo cumple con los parámetros de protección de derechos humanos.

A su turno, el vicepresidente de la CIDH, Eduardo Ralón, sostuvo que la institución está a favor de las medidas provisionales.

Al finalizar la audiencia, el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, recordó que el 30 de marzo requirieron al Perú no ejecutar la liberación de Fujimori, en tanto se resuelve el pedido de medidas provisionales.