España: Acosar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se convierte en delito
Estas personas podrán pasar hasta un año de prisión, según el Código Penal
Una ley que busca garantizar el derecho al aborto. En España, el Senado, aprobó modificar el Código Penal (CP) con el fin de castigar el acoso que padecen las mujeres al querer interrumpir de manera voluntaria su embarazo.
Con 154 votos a favor y 105 en contra, la ley que agrega el artículo 172 al CP, califica de delito quienes se concentren en las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen la libertad de las mujeres.
Este delito será castigado con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Además, durante su tramitación parlamentaria, los grupos han acordado que este tipo de acoso pueda ser perseguido sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer que los ha sufrido.
La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves o el viernes, explicaron fuentes de la Cámara alta, y entraría en vigor al día siguiente. Este fin de semana, por tanto, ya será aplicable el nuevo delito.
Cabe resaltar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España es regulada por la Ley Orgánica, aprobada en el 2010, la cual establece que toda mujer mayor de edad puede decidir someterse a un aborto por su propia voluntad antes de las 14 semanas de gestación.
Las mujeres jóvenes de 16 y 17 años que quieren abortar, necesitan el consentimeinto paterno, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015.
Irán al Tribunal Constitucional
El Partido Popular (PP), luego de reunirse con representantes de asociaciones antiabortistas, han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
"Los estudios apuntan a que no es constitucional. Avanzaremos con todas las medidas que podamos", ha dicho el senador del PP Javier Puente en una rueda de prensa.
Por su parte, el senador de Vox, Jacobo González-Robatto, dijo que acudirá a todas las instancias posibles, incluido el Constitucional, al considerar que la futura norma es una "negligencia".
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