Nueva ley del aborto en España permite la interrupción del embarazo desde los 16 años
Además, de la entrega gratuita de productos de higiene menstrual en los centros educativos y días libres por reglas dolorosas
Una norma que devuelve el derecho a las mujeres españolas. Se trata de un borrador de la ley que será presentada -el próximo martes- al Consejo de Ministros, que permite que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el permiso de sus padres. Además, de garantizar el derecho a realizar el aborto en los centros de salud públicos.
Actualmente, en España el 85% de los abortos se realizan en clínicas privadas por la objección del personal de salud en los hospitales públicos. Pese a que, desde el 2010 el aborto se legalizó sin la necesidad de una justificación médica hasta la semana 14.
Sin embargo, en el 2015 el gobierno de derecha modificó la legislación para obligar a las menores de 16 y 17 años a obtener el concentimiento paterno para realizar esta intervención.
Ahora, este paquete de reformas podría devolver los derechos reproductivos que perdieron las españolas.
Por ejemplo, en abril de este año, el Senado decidió aprobar una modificación al Código Penal para que las personas que acosen a las mujeres que desean interrumpir de manera voluntaria su embarazo, sean castigadas con prisión hasta por un año.
Derecho a la salud menstrual
Otros cambios resaltantes que plantea el Ministerio de Igualdad, es que las mujeres podrán acceder a tres días de descanso por reglas dolorosas y los centros educativos deberán garantizar la entrega de productos para la menstruación de manera gratuita.
En este último caso, también están incluidas las mujeres en pobreza menstrual que no pueden costear los productos, y las mujeres en prisiones. Además, de la eliminación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Asimismo, el proyecto busca garantizar la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después y la distribución gratuita en institutos vinculados a campañas de educación sexual.
También se prohibe la publicidad de agencias de vientres de alquiler en España, al considerarlos una forma de violencia contra la mujer.
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