Guatemala: Congreso aprueba ley que eleva las penas por aborto

Con 101 votos a favor, el Congreso de Guatemala aprobó en su tercer debate la Ley 5272, también conocida como la ley para la protección de la vida y la familia. En contra de la misma votaron solo ocho legisladores y hubo 50 abstenciones.

Esta norma, presentada en abril de 2017, modifica el Código Penal con el fin de elevar las penas si una mujer o persona gestante aborta. Inicialmente, la sanción por abortar es de 1 a 3 años de prisión, pero con la reciente modificación, las penas van entre 5 a 10 años.

Además, todos aquellos que promuevan o faciliten los medios para un aborto podrán ser sancionados con 6 a 10 años de cárcel y una multa de 50 mil a 100 mil quetzales.

Comunidad LGTBI y educación sexual

No obstante, la Ley 5272 no solo criminaliza al aborto en todas sus formas, sino también establece expresamente que una familia está compuesta por la madre, padre e hijos; negando así el reconocimiento a las parejas del mismo sexo e impidiéndoles que puedan adoptar.

Para ello, la citada ley realiza cambios al artículo 173° del Código Civil de la siguiente forma:

“La unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos, con capacidad para contraer matrimonio, puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario.
(…)
Se prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo.”

Por otra parte, la norma en mención también prohíbe que los colegios públicos y privados promuevan programas relacionados a la diversidad sexual, educación sexual o enseñar como normales las “conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, sostuvo que esta ley atenta contra los derechos humanos y viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.

Por consiguiente, anunció que planteará una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de que la normativa no tenga efectos.