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PJ admite a trámite demanda de Daniel Soria para ser restituido como procurador general

Daniel Soria Luján
Daniel Soria Luján

El Gobierno dio por concluida la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, pero él considera que esta decisión es ilegal.

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite la demanda de amparo que presentó Daniel Soria Luján para que sea restituido como procurador general del Estado, ello luego que el Gobierno diera por concluida su designación a inicios de este mes.

Esta decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, presidido por la jueza Elizabeth Salas Fuentes, quien otorgó diez días a la parte demandada (Ministerio de Justicia) para que presente sus descargos.

Como se recuerda, el Ejecutivo removió a Soria Luján del cargo de procurador general del Estado tras darse a conocer un informe en el que se advierte que no cumple con uno de los requisitos para ejercer el cargo – trayectoria en la defensa jurídica del Estado – además que la resolución suprema de su designación se publicó sin adjuntar el informe técnico o legal que la sustente.

Sobre la demanda

Además de solicitar que se anule la resolución que dio por finalizada su designación, Soria también pidió que se reconozcan los efectos jurídicos de la resolución con la que fue designado como procurador general del Estado y se exhorte al presidente Castillo y a Aníbal Torres que se abstengan de incurrir nuevamente en “conductas infractoras” de la Constitución.

En la demanda, Soria alega que la Procuraduría General del Estado se regula por su propia norma (Decreto Legislativo N.° 1326), la cual señala los motivos por los que se puede remover al titular de la institución. Entre ellos no está la pérdida de confianza, figura invocada por el actual Gobierno, el cual se basó únicamente en un dispositivo legal de 2007.

Por otro lado, también hace referencia al contexto político de su remoción, pues el Gobierno puso fin a su designación luego de formular una denuncia contra el presidente Castillo por presuntas irregularidades en la licitación del puente Tarata III.

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