Los puntos clave de la observación a la ley que atenta contra la Sunedu

Antes de vencerse el plazo límite, el presidente Pedro Castillo observó la ley que debilita la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El oficio fue enviado al Congreso y derivado a la Comisión de Educación. Dicho grupo de trabajo evaluará si la aprueba por insistencia o se allana a las observaciones del Poder Ejecutivo. Tras ello, el dictamen será enviado al pleno para su eventual aprobación y promulgación.

La autógrafa de ley, aprobada en segunda votación por el Congreso a inicios de mayo, realiza diversas modificaciones a la Ley Universitaria (Ley 30220), cambiando así el Consejo Directivo de la Sunedu (se elimina el concurso público), la forma de elección del superintendente, la Sunedu no estaría adscrita al Ministerio de Educación, entre otros.

Al ser considerada como una iniciativa que va contra la reforma universitaria, el Ejecutivo sostiene que esta “afecta el ámbito de actuación de la Sunedu” y el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior.

Argumentos de la observación

En principio, el Poder Ejecutivo advierte que la norma aprobada por el Congreso contraviene los artículos 78° (principio de equilibrio presupuestario) y 79° (prohibición de iniciativa de gasto público del Congreso) de la Constitución, ya que uno de los cambios propuestos es la restitución del funcionamiento de los tres órganos extintos operadores del Sineace.

Asimismo, afirma que los artículos de la Ley Universitaria que pretenden modificarse deben su existencia a un mandato constitucional, que además fueron analizados por el Tribunal Constitucional (TC), el cual confirmó su “necesidad y constitucionalidad” para garantizar el derecho a la educación de calidad.

Por otro lado, señala que en la autógrafa de ley no hay un análisis donde se argumente por qué la Ley Universitaria debe ser modificada, tal y como lo ha propuesto el Congreso.

“La redacción vigente de la Ley Universitaria no supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria; por el contrario, la reconoce, en estricta concordancia con el artículo 18° de la Constitución”, puntualiza.

En contra de nuevo Consejo Directivo

Uno de los cambios más que más llamó la atención de la autógrafa de ley trata sobre las modificaciones al Consejo Directivo de la Sunedu, actualmente compuesto por el superintendente, un miembro del Concytec y cinco integrantes elegidos por concurso público.

La propuesta del Congreso es que el Consejo Directivo esté conformado por un representante del Conytec, Sineace, Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, uno que represente a las universidades privadas y dos que representen a las universidades públicas. Entre ellos sería elegido el nuevo superintendente de la Sunedu, quien hoy en día es designado por el ministro/a de Educación.

Al respecto, el Ejecutivo indica que esta situación dañaría el principio de imparcialidad objetiva y afectaría la independencia funcional de la Sunedu, concluyendo así que el esquema propuesto “no asegura la suficiente garantía de autonomía e independencia funcional” de la institución. A ello le suma que ya el TC ha validado la constitucionalidad de la actual composición del Consejo Directivo, señalando que ella garantiza su independencia.

“La conformación actual de la Sunedu, así como la selección mediante concurso público de la mayoría de sus integrantes y los requisitos mínimos que se plantean eliminar, no solo garantizan una adecuada representatividad (…) sino que también implementa un mecanismo de selección basado en condiciones de mérito, igualdad e idoneidad”, apunta.