Los jueces estarán obligados a aplicar la “Ley Soto”, por Luis Naldós

En el ámbito del derecho penal peruano, la prescripción se entiende como el plazo máximo que tiene la justicia para perseguir penalmente a una persona por la comisión de un delito.  Este plazo, conforme a la legislación vigente, corresponde al máximo de la pena prevista para cada delito y se cuenta desde la fecha en que este se cometió.  Sin embargo, existen diversos supuestos que pueden afectar este cómputo, uno de ellos es el inicio de una investigación preparatoria, que tiene el efecto de suspender el plazo transcurrido.

El Código Procesal Penal no establece de manera expresa un límite para la suspensión del plazo de prescripción ante el inicio de la investigación preparatoria.  Ante esta falta de claridad, la Corte Suprema, en el año 2012, emitió un acuerdo plenario que en la práctica triplicó el plazo de prescripción, que no ha estado exento de controversia y críticas por su impacto en la seguridad jurídica y los derechos de los acusados.

En mayo de 2023, bajo el impulso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se promulgó la Ley 31751.  Esta ley modificó el artículo 84° del Código Penal estableciendo que el plazo máximo para la suspensión del plazo de prescripción es de un año.  Esta modificación buscaba establecer un límite claro y evitar prolongaciones excesivas en los procesos penales que afectaran los derechos fundamentales de los acusados; sin embargo, también se ha dicho que fue una ley dictada en beneficio propio.  De hecho, la ley se aplicó en un proceso en su contra.

En noviembre de 2023, la Corte Suprema adoptó el Acuerdo Plenario 5-2023, por el cual se declara inaplicable la Ley 31751 para los jueces a nivel nacional, al considerarla inconstitucional.  Este acuerdo plenario generó un problema significativo, ya que la ley estaba vigente y había sido aplicada en diversos casos, incluyendo aquellos en la propia Corte Suprema.  Se ha cuestionado, por otro lado, que la Corte Suprema ejerza una función de control de constitucionalidad que corresponde al Tribunal Constitucional.

El 4 de julio de 2024, el Congreso ha aprobado en segunda votación el proyecto de ley que reafirma la validez del plazo de un año para la suspensión de la prescripción establecido por la Ley 31751, por considerar que se trata de un plazo razonable.  Este proyecto también establece que los jueces no pueden fijar un plazo mayor al estipulado por la ley.  La nueva ley ha sido remitida al Poder Ejecutivo, que deberá decidir sobre su promulgación.

La aplicación de la "Ley Soto" obligará a los jueces a adherirse estrictamente al plazo de un año para la suspensión de la prescripción en los procesos penales.  Esta medida busca garantizar mayor seguridad jurídica y evitar prolongaciones indebidas que perjudiquen los derechos de los procesados. No obstante, también plantea retos significativos en la persecución de delitos complejos que requieren investigaciones exhaustivas y prolongadas.

Por un lado, la reducción del plazo puede beneficiar a los acusados al proporcionarles una mayor certeza sobre el tiempo máximo en el que pueden ser procesados. Por otro lado, podría limitar la capacidad del sistema judicial para investigar y procesar delitos graves y complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que suelen requerir investigaciones más prolongadas. Y además, generar en la opinión pública una percepción de impunidad que afectaría la ya disminuida confianza de la población en el sistema de justicia penal en el Perú.

La implementación de la "Ley Soto" representa aparentemente un esfuerzo por equilibrar la celeridad en la administración de justicia con la garantía de los derechos de los acusados.  No obstante, la controversia generada por la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema y la subsiguiente reafirmación del Congreso muestra la complejidad y las tensiones inherentes entre ambos poderes en la regulación de la prescripción penal.

La decisión final del Poder Ejecutivo sobre la promulgación de la ley será crucial para definir el futuro de esta normativa y su impacto en el sistema de justicia penal peruano.