Nada que celebrar, por Ana Vidal Carrasco

Ante la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos del pasado hoy se suman las que continúan perpetrándose.

Historia repetida en estos doscientos años: los pueblos indígenas siguen siendo los más violentados.

Este 3 de diciembre asesinaron a Pascual Yumanga, líder indígena de la comunidad Paz de Pucharini, en Puerto Bermúdez, Pasco. Por él, como por tantos defensores indígenas frente a las economías ilegales, el Estado no reclama. En el Congreso ni lo han mencionado. El MINJUS, ministerio encargado de proteger y garantizar su labor a través del Mecanismo de Protección de Defensores, hasta el 8 de diciembre, tampoco se había pronunciado públicamente. Y pasarán muchos años antes que se haga justicia por este crimen; incluso ésta quizás nunca llegue.

Las y los integrantes de los pueblos indígenas son asesinados por defender el territorio, y si no les matan, les acosan vía el Poder Judicial, intentando así sembrarles miedo y callar su voz. Esta última amenaza (denominada criminalización) es una de las más perversas porque se ejerce vía el sistema de justicia estatal: un aparato inmenso que no les protege, sino que les trata como enemigos. Para Michel Forst, ex relator de Naciones Unidas, la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos en Perú sigue un patrón recurrente y es sistemática.

Un caso que evidencia este flagelo es el que sufre la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, organización de defensa de la vida y el territorio de siete pueblos indígenas, algunos de ellos en aislamiento, como los Mashco Piros. En el 2020, en plena pandemia, FENAMAD advirtió la decisión del Estado peruano de permitir la reactivación de la extracción de madera de la empresa Canales Tahuamanu en territorio del pueblo Mashco Piro. Informó al Ministerio de Cultura, a la CIDH y a otras autoridades sobre los graves riesgos para la vida e integridad de los pueblos en aislamiento, pero nunca obtuvo respuesta.

Frente a este silencio, FENAMAD publicó un comunicado denunciando esta situación.
En respuesta a esta denuncia la empresa maderera los demandó alegando que el comunicado vulneraba su honor, buena reputación e imagen. El Poder Judicial no valoró las pruebas aportadas por FENAMAD, y simplemente le dio la razón a la empresa. Lo más grave fue que exhortó a FENAMAD para que “eviten situaciones como esta”. Así, el Estado no solo no protege a las comunidades indígenas, sino que les amedrenta: si vuelven a denunciar y publicar información pueden ser sancionados.

Hemos llegado como país a los doscientos años, y la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas continúa obscenamente, las instituciones estatales no solo no hacen su tarea de proteger su vida y su territorio, sino que dejan que los maten o los criminalizan.

Para remediar este sistema de abusos se necesitan tomar pasos concretos: el MINJUS debe hacer funcionar el mecanismo de protección de defensores, que evite que les sigan matando y que cese su criminalización; el Congreso debe ratificar el Acuerdo de Escazú (para la protección efectiva de defensores del territorio); y la fiscalía y el Poder Judicial tienen que dejar de criminalizarles y entender la labor de los pueblos indígenas en la defensa de la vida y el territorio, defensa que ejercen exponiendo su vida y su integridad, porque el Estado simplemente ha abdicado de esa labor.