El derrame de petróleo sobre las costas del litoral peruano, ya catalogado como el desastre ambiental más importante de los últimos años, ha llamado la atención sobre los distintos mecanismos gubernamentales y privados establecidos para responder ante estas eventualidades. Desde la responsabilidad de la Marina por no responder y comunicar adecuadamente ante los efectos de la erupción del volcán en Tonga, hasta las comunicaciones entre Repsol, MINAM y OEFA. Todo lo cual, en conjunto se ha constituido como una tragedia de descoordinación. Por tal motivo, en esta oportunidad me gustaría detenerme en la forma en que la empresa ha manejado el derrame y la forma en que se ha aproximado al Estado y la sociedad.
Considero que revisar los mecanismos empresariales para gestionar este tipo de imprevistos nos pueden dar luces sobre la brecha que existe entre las políticas corporativas de cumplimiento, sostenibilidad y responsabilidad ambiental a nivel global y las reacciones locales. Todo lo cual, no sólo tiene que ver con una estrategia de debida diligencia y pronta acción, sino también con el velo de confianza que existe sobre las empresas extractivas y su relación con los actores políticos y sociales.
Si tomamos en cuenta que Repsol es una empresa multinacional con estándares, políticas y guías internacionales para reaccionar a casos fortuitos como el sucedido en el Perú, vemos claramente que algo no ha funcionado en la implementación de esas políticas. En ese sentido, la brecha se hace evidente cuando Repsol Global dice que ante lo derrames de petróleo han implementado medidas de prevención, detección, gestión y aprendizaje y agregan que “garantizan la asistencia experta en caso de que se produzca un derrame en medio marino y el empleo de los mejores medios y equipos en un tiempo mínimo en cualquier lugar donde operamos” (REPSOL). Mientras tanto en Repsol Perú recién sacaron un comunicado escueto el 18 de enero anunciando una reunión con las autoridades, luego que el MINAM señalara que no informaron adecuadamente sobre las dimensiones del desastre.
También han salido los voceros de la empresa ha excusar su responsabilidad y a asegurar a la población que están tomando las medidas respectivas. No obstante, lo que no han comprendido es que han reaccionado tarde y pobremente. En primer lugar, no han sabido comunicar a la sociedad la información los detalles sobre las causas del derrame (no obran en su página web), y han brindado información poco precisa sobre el tamaño de este. En segundo lugar, en vez de generar mayor confianza ante los distintos actores, locales, sociales y políticos, han señalado que no tienen responsabilidad sobre lo ocurrido. En tercer lugar, las cifras reportadas por OEFA siguen cambiando y la empresa no ha actualizado la información directa sobre lo ocurrido por sus operaciones.
El mensaje final es que los altos estándares empresariales de la multinacional Repsol fracasaron y que no cuentan en el Perú con ese equipo experto para atender un desastre de esta magnitud en un tiempo mínimo. Finalmente, hay que comprender que este no es sólo un tema jurídico de responsabilidades, sino que define la forma en que se configuran las relaciones políticas entorno al sector extractivo.