Necesitamos el Acuerdo de Escazú, por Juan Luis Denegri

La semana pasada, el Congreso de la Republica decidió no poner en agenda la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) durante la crisis ambiental más grande de nuestra reciente historia, agravada por la incertidumbre respecto a la responsabilidad de la empresa REPSOL, y las comunicaciones sobre el avance de la limpieza y eventual remediación.

Nuestros representantes no vieron en la torpe gestión del derrame las deficiencias de nuestro sistema de información ambiental y la necesidad de generar mecanismos y acciones que generen confianza respecto a las actividades extractivas y la gobernanza ambiental.

Esta ceguera no es nueva, porque la política -como alguna vez dijo Ortega Gasset- suele siempre confundirlo todo. Desde hace más de 5 años, todos los estudios e investigaciones sobre la participación ciudadana en materia ambiental han señalado -de manera inequívoca- la necesidad de mejorar el sistema. Hay una permanente exigencia de hacerlo más accesible, transparente y corregir las evidentes asimetrías económicas y políticas, en beneficio de los ciudadanos peruanos. 

Me voy a permitir utilizar este espacio para listar algunos de los documentos que hacen eco de esta necesidad de manera explícita y que son reiteradamente ignorados por nuestros políticos: Diagnóstico del Sector Minero (Banco Mundial, 2021); Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (MINEM, 2020); Estudios sobre Políticas Públicas de Conducta Empresarial Responsable: Perú (OECD, 2020); Reporte sobre el cumplimiento regulatorio y fiscalización en el sector ambiental del Perú (OECD, 2020); El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú (Defensoría del Pueblo, 2017); Estudio Sombra de la Transparencia de la Información Socioambiental en Perú (DAR, 2017); Séptimo Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Séptimo Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2017 y 2018; entre otros.

Como podemos observar toda la evidencia nos indica que tenemos que trabajar para mejorar los mecanismos de participación ciudadana, acceso a la información y transparencia. Más aún, de acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo algunos conflictos sociales se hacen más complejos, y se arrastran mes a mes sin solución.

Es claro que Escazú no es la solución, pero es un gesto importante y un compromiso para atender un asunto que es continuamente señalado como una falencia en los procesos de certificación ambiental. Y nos son las ONG, sino expertos internacionales y nacionales quienes repiten en cada reporte y diagnostico lo mismo. La negativa de ratificar el Acuerdo por parte de un sector del empresariado y algunos políticos es un mensaje problemático hacia los sectores impactados por las actividades extractivas y siembra mayor desconfianza. Debemos entender que la participación no sólo es un elemento procedimental, sino una parte constitutiva del ejercicio de la ciudadanía plena.