¿Un Congreso de Sísifos? Sobre la propuesta de retornar a la bicameralidad

En la mitología griega, Sísifo –“el más sabio y prudente de los mortales”, según Homero- es forzado por los dioses a subir, una y otra vez, la misma roca hasta la cima de una montaña para luego dejarla caer por su propio peso.

Albert Camus, en “Le mythe de Sisyphe” (1951) comenta que Sísifo es el héroe absurdo “tanto por sus pasiones como por su tormento”; sin embargo, agrega que “si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia”, él sabe del absurdo al que se encuentra condenado: caminar “hacia el tormento cuyo fin no conocerá jamás”.

Este mito parece haber inspirado al Congreso de la República que volverá a votar por el retorno a la bicameralidad (pese a que el 2018, la población rechazó esta propuesta vía referéndum), una piedra que cada cierto tiempo sus miembros ruedan cuesta arriba creyendo que así el Perú superará su eterna crisis política.

La gran pregunta que surge es si los legisladores también son conscientes del esfuerzo absurdo que significa repetir una y otra vez la misma acción y, en consecuencia, son nuestros héroes modernos de lo absurdo, o -tal vez- guardan algún tipo de esperanza con que lograrán su cometido convirtiendo la nostalgia en realidad.

En todo caso, si la piedra no cae de la cima y el proyecto de reforma encuentra buen puerto, corresponde que los ciudadanos tengamos claridad acerca de lo que implica el retorno a la bicameralidad.

En principio, conviene mencionar que, a lo largo de la historia, en el Perú ha predominado el sistema bicameral; es decir, la organización de un Congreso dividida en dos grupos de legisladores: la cámara baja, también conocida como Cámara de Diputados y la cámara alta, también conocida como Senado; ambos con competencias distintas.

Sin embargo, que este haya sido el sistema predominante en nuestra historia parlamentaria no puede significar un argumento para promover su votación a favor, en tanto no se aporte evidencia que demuestre que durante los periodos bicamerales la calidad legislativa fue mejor y, en consecuencia, el país se vio beneficiado. Presumo que no la hay.

Ahora bien, tampoco podríamos afirmar que la introducción del sistema unicameral con la Constitución Política de 1993 ha sido exitosa. Hoy se le critica al Congreso por la grave disonancia entre sus intereses y los de la ciudadanía; su vicio por las leyes declarativas; sus constantes contrarreformas; y, lo que es peor, la emisión desvergonzada de leyes con vicios de inconstitucionalidad.

Quienes patrocinan la propuesta argumentan que este cambio implicaría la emisión de leyes de mejor calidad, pues la cámara alta actuaría como revisora de los productos de la cámara baja. Cabe cuestionarse si eso no se soluciona acaso introduciendo en el Reglamento del Congreso la prohibición de exonerar de debate a los dictámenes de proyectos ley, tanto en Comisión como en el Pleno. Si el objeto es promover la reflexión previa ¿por qué buscar la solución más compleja y no la más expeditiva?

Además, “la calidad de las leyes no depende del número de cámaras sino de la calidad de las personas que las hacen” (Amprimo, 2022).

Por otro lado, se menciona que tener dos cámaras elevaría el nivel de representatividad territorial y poblacional, pues implicaría tener más representantes haciendo función legislativa para beneficio de sus localidades (este proyecto de reforma no lo incluye, pero remite los detalles de su elección a una ley que se daría de forma posterior, tales como la nueva conformación de los distritos electorales).

Pero lo cierto es que nada asegura que el aumento del número de representantes significará una mejor atención de los problemas locales y, además, para abordar esa problemática, la Constitución establece que los gobiernos regionales y locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que les permite a sus Concejos –entre otras cosas- legislar sobre sus asuntos con normas (ordenanzas) con rango de ley.

También se ha mencionado que resulta pertinente volver a la bicameralidad para contar con un senado a cuyos integrantes se les pueda exigir mayores requisitos tales como estudios superiores sin que estos constituyan una afrenta al derecho a la participación política, pues sería razonable para la consecución del objetivo constitucional de llevar a cabo tareas de senador.

A esto último, hace referencia el ex congresista Luis Roel en la exposición de motivos de su proyecto de ley sobre la materia; sin embargo, dicho requisito no ha sido contemplado en el actual texto sustitutorio y solo se exige un mínimo de 35 años de edad, haber ejercido un cargo de elección popular o tener 5 años de experiencia profesional.

Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que el dictamen aprobado en Comisión cuyo texto sustitutorio hoy se votará en el Pleno implica una reforma de 53 artículos de la Constitución, muchos de ellos consistentes en armonizar el texto constitucional con la presencia de las dos cámaras (meramente formales), otros más sustanciales como la asignación de competencias diferenciadas y, finalmente, algunas modificaciones de contrabando como la actualización del nombre “Junta Nacional de Justicia” en el lugar del extinto “Consejo Nacional de la Magistratura” (lo propio sucede con la denominación del Banco Central de Reserva) y, entre las más delicadas, la reelección de congresistas.

Dicho todo esto, invito a usted, querido lector, a hacerse la siguiente pregunta: ¿Si tener senado significará contar con una cámara reflexiva, le parece correcto seguir pagándole el sueldo a 130 diputados reflexivos?

El camino de la reforma constitucional, establecido en el artículo 207 de la Constitución es largo y, de aprobarse hoy el retorno a la bicameralidad, todavía quedará pendiente una segunda votación, un referéndum o ambos; nuestros congresistas seguirán empujando la roca hasta llegar a la cima, muchos de ellos empecinados en evitar el debate para no distraer su trayecto, inconscientes de su absurdo destino.