Nación ensombrecida

Un mandatario corrupto no solo corroe la institucionalidad del Poder Ejecutivo, sino a todo el aparato estatal por su doble dimensión como jefe de ese Poder y como Jefe de Estado. ¿Se le puede exigir a los demás servidores y funcionarios públicos probidad y respeto por la ley si quien ocupa la más alta magistratura rehúye a esos compromisos? o ¿se le puede reclamar al ciudadano si incurre en delito cuando en las más altas esferas de la toma de decisiones triunfa la impunidad?

Si se investiga al mandatario por graves inconductas con numerosos indicios y pruebas testimoniales que elevan el grado de certeza -en más de cincuenta carpetas fiscales- ¿este personifica a la Nación?¿De verdad un ciudadano tan cuestionado, por decir lo menos, puede personificar lo que somos como Nación? ¿somos acaso una Nación ensombrecida como ese mandatario?

Porque aceptar que un mandatario con estas características deba seguir representándonos hasta acabar su periodo significa aceptar que eso somos: una Nación con menos luces que sombras, una compuesta por ciudadanos cuya actuación al margen de la ley está justificada como sello identitario y, en consecuencia, una democracia fallida.

Porque el espíritu de la democracia nunca fue colocar representantes insustituibles por un periodo de tiempo inalterable y exceptuados a rendir cuentas por sus actos. La democracia se edifica sobre la base del común acuerdo para delegar tareas a quienes la sociedad considera confiables y preparados condicionando esta delegación: 1) al buen cumplimiento de las tareas encomendadas; y 2) al respeto por la Constitución y la legalidad durante el cumplimiento de las mismas.

Que no confunda a la ciudadanía la existencia de seguros jurídicos diseñados para fomentar la estabilidad del cargo en pro de la ejecución de políticas en plazos razonables y no para la impunidad de encargados que se asumen reyes.

Convertir la Presidencia de la República en trinchera para evitar la rendición de cuentas ante la justicia debilita la democracia. Al hacerlo se abandona el ejercicio del poder encargado por el ciudadano solo para beneficiar intereses privados. Al hacerlo, se ejerce la presidencia al margen de la ley y en contra de todo aquello que ponga en riesgo su permanencia en el cargo (o que lo acerque a una celda).

De ahí que el constituyente haya diseñado el mecanismo de vacancia de la Presidencia por incapacidad moral permanente, entendida como la sanción política por falta de dignidad para ejercer el cargo cuya determinación deviene del debate y votación parlamentaria calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Perfectible o no, pero existente.

Por otro lado, un mandatario con esas características también daña la ejecución programada de las políticas públicas necesarias para reducir desigualdades y lograr desarrollo cuando inserta, una y otra vez, a sus allegados -o nuevos aliados- en puestos clave bajo la lógica de la cuota de poder como instrumento cambiario, en lugar de la lógica del mérito y la preparación para asumir semejantes encargos. El perjuicio es evidente.

En consecuencia, un Ejecutivo que falla en cumplir sus obligaciones por inexperiencia o, peor aún, por más corrupción en sus diversos rincones, solo perpetuará las condiciones de pobreza, implicará que los vulnerables continúen en peligro y que la desigualdad no se reduzca. El piloto automático con el que muchos ministerios y entidades gubernamentales siguen sobrevolando tiene un límite y el choque que nos haga despertar del letargo será profundo.

¿Podemos seguir mirando con desinterés y apatía este colapso? ¿Después de lo que costó recurar el Estado del autoritarismo y la cleptocracia en el 2000? ¿Aún después de comprobar, con las cien mil vidas perdidas de nuestros compatriotas durante la pandemia, que las brechas de desarrollo en el Perú son mortales? No es correcto, no es justo, no podemos quedarnos a esperar, apacibles, el ocaso de nuestra democracia.