Jóvenes y empleo público: Crítica a la ley de idoneidad.

El 14 de febrero de 2022, se publicó la Ley 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, la cual establece requisitos mínimos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos públicos. Esta ley, sin duda, tiene consecuencias especiales en los jóvenes que se encuentran iniciando en la carrera pública, por lo que es necesario analizar su impacto

Para tal efecto, revisemos los requisitos para ser gerente municipal de gobiernos locales provinciales establecidos en el artículo 4.5 de la citada ley, los cuales son: formación superior completa, cuatro años de experiencia general y tres años de experiencia específica en temas relacionados a la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal en el sector público o privado, estableciendo como experiencia equivalente la adquirida en puestos o cargos de alcalde o gerente municipal.

En adición a ello, la Contraloría ha establecido en su Informe de Orientación 006-2023-OCI/0326-SOO, que un gerente municipal “debe tener dos o más años de experiencia en puestos de alcalde o gerente municipal, respectivamente”, con ese criterio, los jóvenes estamos condenados a ser electos como alcaldes para luego asumir un cargo gerencial. Es decir que, para asumir un cargo, necesitas haber asumido un cargo previamente. En teoría, esto suena magnífico y favorecería a la meritocracia. Sin embargo, la realidad es que estos requisitos se convierten en un interminable bucle especialmente para los jóvenes que desean hacer carrera en el sector público, siendo tan restrictivo como lo fue pedir experiencia laboral previa para tener un primer trabajo.

Esto se hace aún más complicado cuando conocemos las francas limitaciones de la estabilidad laboral en el estado, pues son pocos los jóvenes que conocen de beneficios, trabajando generalmente bajo órdenes de servicio, y aún más si tenemos en cuenta que un 70% de los puestos de trabajo se consiguen por un contacto. Esta ley arrincona a los jóvenes a priorizar el sector privado, para así lograr un cargo directivo y posteriormente migrar al sector público.

Si antes era complejo escalar por méritos, hoy es casi imposible. Y es casi imposible porque estas reformas han visto el árbol, pero no el bosque, pretendiendo establecer requisitos y reformas sobre un servicio civil que merece ser analizado en su totalidad. Seguramente esta posición es impopular, pues esta ley no ha merecido aún crítica pública alguna.

Pero, vale poner el tema sobre la mesa e iniciar acciones legales para mejorar la normativa, entendiendo que las reformas deben realizarse pensando en abrir el sector público a más personas capacitadas y no establecer requisitos que hagan del servicio público un espacio de acceso restringido, desalentando la vocación por lo público. No solamente se trata de establecer requisitos más rígidos para altos cargos, sino que es necesario abrir más espacio a los jóvenes en el Estado, con convocatorias públicas transparentes, fortaleciendo el potencial humano y el acceso a la carrera pública.