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Egresada en Derecho por la Universidad del Pacífico. Becaria del Semillero en Derechos Humanos por la Corte IDH, el Centro de DDHH de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Asociada de la Revista Forseti (DERUP Editores). Colaboradora de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico.

#8M: Un largo camino por recorrer

Es necesario reconocer e identificar que un problema público grave en nuestro país es la discriminación y violencia contra las mujeres, que se produce en distintos ámbitos y de distintas maneras

Hoy #8M se conmemora la lucha que las mujeres han tenido durante décadas para ser consideradas como personas dignas de derechos. El 8 de marzo, específicamente, se conmemora en honor a las mujeres que, en 1857, exigieron igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esos reclamos culminaron en un desgarrador incendio en el Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. En dicho episodio, 146 mujeres fallecieron, siendo la gran mayoría inmigrantes (ILO, 2011). Dicha tragedia dio pie a cambios legislativos que incrementarían garantías para mujeres, pero que distan de ser suficientes hoy en día. 

Los avances en materia de protección y resguardo de derechos de mujeres en el Perú y en el mundo, efectivamente, han dado pie a nuestro reconocimiento para vivir en una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, el mero reconocimiento o declaración de derechos no es suficiente para garantizar nuestra seguridad y un libre ejercicio de derechos. Por eso, debemos ser claros en que aún quedan problemas por resolver. A pesar de que el Perú reconoce, a través de su compromiso con estándares internacionales y de su normativa interna, la necesidad de resguardar y proteger a las mujeres, las cifras de violencia continúan subiendo. En el mundo, una de tres mujeres es víctima de violencia física o sexual. Mientras tanto, en Perú, el Ministerio de la Mujer ha reportado 136 feminicidios en 2021 y 137 en 2022 (Defensoría del Pueblo, 2022). Estos datos nos demuestran que, por más que se nos reconozca igualdad en derechos en papel, si ello no se garantiza y se cumple en la práctica, termina siendo lo mismo que nada.

Es necesario reconocer e identificar que un problema público grave en nuestro país es la discriminación y violencia contra las mujeres, que se produce en distintos ámbitos y de distintas maneras. El artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como la Convención de Belém do Pará) establece que la violencia contra la mujer se puede producir en la vida privada (dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal); y, en la vida pública (ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar). Incluso, puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

Ante ello, es fundamental reconocer que tanto los estereotipos como los roles de género -que persisten en nuestra sociedad- dan pie a la violencia a la que las mujeres continuamente están expuestas. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la obligación de garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la igualdad y no discriminación requiere también prevenir la violencia en su contra, y viceversa, para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se requiere adoptar medidas efectivas para erradicar la discriminación en su contra” (CIDH, 2022).

Por lo que, mientras no luchemos contra toda concepción errónea o tergiversada de lo que implica ser mujer, y que continuemos normalizando lo que nuestra sociedad machista continúa promoviendo a través de estereotipos y roles de género, la violencia que las mujeres sufren persistirá y continuará siendo pasada por alto en sus diferentes manifestaciones. 

Es evidente que el Estado peruano necesita poner mayor atención en sus políticas para asegurar su adecuado resguardo, pero el ciudadano peruano también tiene responsabilidad activa en combatir cotidianamente toda discriminación y violencia que las mujeres sufren. Invito a ustedes, amables lectores, a trabajar en conjunto hacia una sociedad en donde ya no sea necesario conmemorar la lucha de nuestras ancestras sino en realmente celebrar que podemos vivir en un presente más equitativo para todos y todas.