El proyecto de ley 484 que propone crear el Colegio de Politólogos del Perú ha generado controversia y alarma entre los egresados de las 9 escuelas de Ciencia Política pues, entre otras cosas, no se han recogido sus puntos de vista y, al contrario, sabían que dicha iniciativa no contaba con el apoyo de las escuelas y los egresados, pero se ha insistido. Por decir lo menos, el proceso genera suspicacias, dado que se ha insistido en sacar adelante una propuesta de colegiatura bajo términos que no se han discutido, lo cual resulta poco democrático.
Hay que tener en cuenta que, en nuestro país, la formación profesional en la Ciencia Política lleva poco tiempo por parte de las escuelas, lo cual nos remite a que hay un sector de profesionales que ejercen la Ciencia Política pero que vienen de diferentes profesiones. Este punto, obviamente, no les quita legitimidad sino, al contrario, eso ha contribuido a la pluralidad e interdisciplinariedad. Si se toma en cuenta estos hechos, un colegio de politólogos debiera convocar e incluir a la variedad de profesionales que ejercen la profesión en distintos ámbitos y no convertirse en una camisa de fuerza que calza solo con un modelo profesional. Esto último es contrario al espíritu libre que está a la base de la formación de las asociaciones, a menos que haya otros fines subalternos.
Este punto nos lleva afirmar, como ocurre en otras profesiones, que los politólogos no están todos cortados con la misma tijera ni formados en un mismo molde. Al contrario, el modelo de politólogo que se describe en el proyecto de ley solo incluye a los gestores públicos y deja de lado a los académicos de diversos campos que también ejercen la profesión en espacios educativos, instituciones del Estado, en el sector privado vinculados a las encuestadoras o empresas e, incluso, en organizaciones internacionales.
Al vincular la colegiatura de los politólogos con la gestión en el Estado que, al parecer, es lo único que inspira el PL 484, nos deja ver que lo que interesa no es tanto contar con un colegio profesional, sino promover la colegiatura para obtener puestos en el Estado y así la asociación se convertiría en el canal por donde tendrían que pasar todos los politólogos, poniendo serios limites a libertad de ejercicio de la profesión y generando grupos de interés corporativos ¿No es esto más un juego de poder que la promoción de la profesión de los politólogos?
Por último, nos quedamos con la impresión de que, detrás de esta iniciativa, se mantiene la idea el estado botín que nos sirve para fines particulares en vez de proyectar una vocación de servicio al país y a la ciudadanía mediante el servicio público civil.