Director del Estudio Azabache Caracciolo Abogados.

El día de ayer el judicial ordenó al Congreso suspender el proceso de destitución contra los miembros de la JNJ. Por la noche, la junta de portavoces del Congreso publicó un comunicado rechazando la decisión y pretendiendo que la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de febrero de 2023 dictada a su pedido contra el Poder Judicial impedía al juez a cargo del caso JNJ limitar sus funciones.

Error. La sentencia de 23 de febrero de 2023 se autolimita a los casos de competencia exclusiva del Congreso que no afecten derechos individuales. Y en este caso, el de la JNJ, el Congreso estaba desplegando un proceso basado en imputaciones personales directas por una infracción, la llamada “falta grave”.

El auto cautelar que detiene el proceso no paraliza las investigaciones ni la actividad parlamentaria. Pero prohíbe, provisionalmente, hacer imputaciones en casos de este tipo, sin una ley previa que defina en qué casos puede usar la cláusula general sobre faltas graves.

Pero, además de contener un enorme error sobre el alcance del comunicado de 23 de febrero de 2023, con este comunicado, todas las bancadas del pleno se han dado por notificadas del auto que suspende el proceso de destitución de la JNJ. Las bancadas son una entidad de representación colectiva establecida por los propios congresistas. De modo que cuando el presidente les informa que la suspensión existe, les notifica formalmente de ella por canal oficial y, al hacerlo, notifica a todos los representados en la Junta de Portavoces.

En estas condiciones, proceder en contra del auto se ha convertido ahora en un delito flagrante perfecto. De hecho, antes del comunicado, solo el presidente había sido perfectamente notificado. La sentencia del proceso contra el #PJ no les protege en este caso.

Importante notar que en este caso el Poder Judicial no pone en cuestión la competencia del Congreso para proceder. Pone en cuestión la posibilidad de hacerlo sin ley previa contra los magistrados de la #JNJ en un caso que, por cierto, no es auto evidente como era el del CNM audios. Por eso la suspensión está fuera del ámbito de protección que el Tribunal Constitucional le dio al Congreso hace poco contra el Poder Judicial.

Congreso contra Poder Judicial por JNJ

La suspensión del caso JNJ y desacato parlamentario

¿Cuáles serían las consecuencias penales del desacato del Congreso a la medida cautelar del Poder Judicial sobre el proceso sumario contra la JNJ?

La suspensión del caso JNJ y desacato congresal

Perú Legal

1. Queda en evidencia que los autores de la ley, al menos quienes pueden pedir que se reconozca su inocencia, pensaron que la ley que los gremios empresariales y los paros exigen derogar solo tendría consecuencias en los casos en que la fiscalía ha empleado la anterior en contra de sus agrupaciones políticas. De hecho, al menos cuatro organizaciones con representación en el Congreso enfrentan ahora mismo, directa o indirectamente, cargos penales que los exponen a las consecuencias rígidas de la persecución contra el crimen organizado. Creer que la ley que escribieron solo servía para resolver esos casos, en verdad, es de una ingenuidad difícil de aceptar en quien persigue manipular el sistema legal en su favor. Sería más adecuado asumir que quienes la escribieron y quienes la defienden actuaron y actúan en un verdadero caso de ceguera voluntaria. Un “no me importa si causa otras consecuencias, mientras a mí me ayude”.

Por cierto, no es la primera vez que en el Congreso la mayoría intenta usar una ley para ganar juicios propios o de su interés. Lo hicieron con la ley Soto sobre prescripciones, con la ley sobre crímenes de lesa humanidad (directamente aplicable a los casos sobre esterilizaciones forzadas y Pativilca, de interés para la bancada fujimorista), con la ley sobre votaciones en el Tribunal Constitucional (que intenta forzar una derrota del judicial en la cuestión sobre sus competencias para detener procedimientos parlamentarios de imputación de responsabilidad), y lo han hecho ahora con la ley sobre organizaciones criminales. De hecho, la primera agrupación que ha pedido su aplicación para salir de un proceso penal ha sido Perú Libre.

En el caso de esta ley, hay sin embargo una diferencia por anotar. Y es que este es, de la lista, el texto que mayores efectos colaterales ha generado, precisamente porque no se limita a quebrar instituciones o limitar competencias de otras entidades constitucionales. Nos expone directamente, como personas, a la violencia. Y pone en evidencia que eso, a la mayoría de este Congreso, simplemente no le importa.

2. La ley, sin embargo, escrita como lo ha sido, fuera de cualquier esfuerzo por desprenderla de una reflexión equilibrada, no deja de provocar confusiones. De hecho, contra lo que sugiere la ley, la clave del daño que el texto es capaz de hacer no está en la discusión sobre los allanamientos, que acaparó la atención de la comunidad legal en los primeros días del debate. La cláusula sobre allanamientos es llamativa, sin duda, porque parece corresponder más a un capricho basado en el caso de la señora Boluarte, cuyo domicilio fue allanado hace relativamente poco tiempo, que a un debate sobre la manera de mejorar procedimientos de investigación fiscal. En la parte que se refiere a los allanamientos, la ley parece disponer que lo de Boluarte no se repita ni con ella ni con ningún ministro ni congresista. Regresaremos sobre esto, pero adelanto que no hay mucho más en esta parte.

La clave de la ley no está ahí. Está en las definiciones que contiene.

El texto está bastante mal escrito, pero literalmente dice que en adelante las autoridades solo pueden tratar como organizaciones criminales a las que se organicen en “cadenas de valor” para controlar “mercados o economías ilegales”. Ninguna de estas dos construcciones proviene del lenguaje usual de las leyes. En realidad, ninguna de ellas sirve para elaborar leyes. La primera de ellas viene de la microeconomía y se refiere a la forma de hacer rentable una empresa que elabora bienes o servicios para competir con ellos en un mercado regular, abierto al público. En la formación de cadenas de valor no intervienen solo procesos tangibles vinculados al acopio de materias primas, la fabricación de mercancías, su envase y su distribución. Intervienen también procesos intangibles como la formación de la reputación de la empresa, la definición de marcas, el posicionamiento del negocio y la relación de la empresa con sus grupos de interés. Una construcción de este tipo no es aplicable en absoluto a la forma en que se estructuran las organizaciones criminales, que no tienen interés alguno en construcciones como las “marcas”, la “reputación” o la “satisfacción del cliente”. Jugando con los términos podríamos decir más bien que una organización criminal es tal porque introduce contravalores en cada uno de sus procesos y relaciones.

Tendríamos que ser muy condescendientes con el lenguaje de la ley para asumir que en esta parte el texto quiso limitar las cosas para reconocer como organizaciones criminales solo a aquellas agrupaciones de delincuentes que adopten una forma que imite a las empresas privadas. Aquí es donde uno nota que, de alguna manera, muy borrosa por cierto, algunos de los autores de la ley podrían haber creído que el texto protegía a sus organizaciones de las fiscalías. Pero resulta que las redes montadas para la extorsión, el sicariato y la corrupción, que están entre las más peligrosas entre nosotros, no tienen una forma que intente imitar a las empresas estructuradas por cadenas de valor. Entonces solo quedan dos opciones: o quienes defienden la ley han optado deliberadamente por defender una definición del crimen organizado que no incluye a las organizaciones criminales más violentas del medio, o simplemente están defendiendo la ley sin haberla leído.

3. La segunda parte de la definición es tan alarmante como la primera. Para encajar en las definiciones de la ley, la agrupación de criminales a la que se decide perseguir debe haberse trazado por meta “controlar” una economía o un mercado ilegal. Rafael Chanjan ha subrayado cuán indeterminado y, por ende, violatorio del mínimo de legalidad es esto de los “mercados o economías ilegales”. Como ya adelantamos, la construcción ha sido ensamblada para estudios de economía y criminología, pero no sirve en absoluto para definir textos legales. Mostremos sus límites: Si una estructura criminal no quiere controlar ni un mercado ni una economía entera, sino solo “ocupar un espacio” en el mercado de la explotación de otros, ¿cómo se le aplicaría una ley que pide el control como condición de aplicación? Si solo pretende cobrar cupos a los comerciantes de parte de un mercado, o extorsionar a quienes ofrecen servicios sexuales en un par de manzanas de una avenida, pero no en toda la avenida, ¿cumple la condición relacionada con el control de un mercado o una economía? Las empresas criminales que simplemente compiten con otras, sin pretensiones de “control”, ¿entran en la definición aunque no quieran “controlar” nada? ¿Y qué extensión debe tener un territorio de influencia para formar el “mercado” al que se refiere la ley? ¿Una manzana, un barrio, un distrito, una ciudad o una región? Por cierto, ¿cómo se controla una “economía ilegal”? ¿Formando un monopolio?

La primera cláusula de la definición de la ley es intolerable. Pero la segunda solo puede haber sido escrita por quien conscientemente haya decidido amarrar las manos del Estado frente a la explosión de redes de extorsión que estamos ahora mismo contemplando.

4. Carlos Caro ha advertido ya, y no es absurdo, que derogar la ley sobre organizaciones criminales no es eficiente porque las leyes penales surten efectos retroactivos. Ha sostenido que con su promulgación el daño al sistema ya se hizo, hagamos lo que hagamos frente al Congreso para impulsar la derogatoria.

Interesante modo de usar los principios del sistema legal dejándonos de manos atadas.

La discusión sobre los efectos retroactivos de la ley compromete un debate legal de la mayor importancia, porque se refiere a la forma de reparar las consecuencias de una norma que, desde muchos puntos de vista, viola los mínimos constitucionales de una ley para ser tal. Desde mi punto de vista, por cierto, la regla que opera aquí no es la que permite que las leyes penales tengan efectos retroactivos cuando favorecen al acusado. El principio de retroactividad favorable opera en todos los casos de leyes “neutras”, esto es, aquellas que, correspondiendo o no a las preferencias técnicas de algún grupo, aunque no de otro, no arrastran problemas de legitimidad constitucional o convencional de origen.

Las leyes que se definen en violación a la Constitución o en violación a disposiciones convencionales claras, como las amnistías contra graves violaciones a los derechos humanos o las leyes sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad, pueden ser canceladas de todo efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace en lo que se refiere a violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional ya lo ha hecho en referencia a leyes que han violado abiertamente la Constitución.

El antecedente que viene a cuento se produjo entre nosotros en junio del año 2011, cuando el Congreso quiso recortar el alcance de un delito muy usado en casos sobre corrupción, el de colusión en contratos públicos. La ley aprobada entonces, la 29703, intentó que solo se sancione como colusión los fraudes en contratos públicos que tuvieran impacto real sobre el patrimonio del Estado. El Tribunal Constitucional de entonces, en mayo de 2012, dictaminó que la ley de junio del año anterior debía ser expulsada del ordenamiento de manera definitiva sin efectos retroactivos, precisamente por lo mismo que hace ahora la ley sobre criminalidad organizada, representar un recorte intolerable al alcance de la persecución penal a cargo de las autoridades.

Claro, no tenemos ahora el Tribunal Constitucional del 2012.

El actual ha dicho cosas difíciles de aceptar en materia de educación superior, iniciativa de gasto del Congreso y vinculación del derecho interno con las resoluciones de la Corte IDH, entre otras cosas. Las dudas sobre el desempeño del Congreso están ahora cifradas en el modo en que encarará el caso sobre competencias del judicial para detener procedimientos de imputación de responsabilidad impulsados en el Congreso, el caso por el que el Congreso quiere ahora mismo cambiar las reglas de votación del Tribunal. Las incertidumbres no han sido despejadas al momento de publicarse esta comunicación, pero justifican poner en duda si el Tribunal Constitucional decidirá detener el regicidio que ha perpetrado e intenta mantener el Congreso en lo que a organizaciones criminales se refiere.

Si no lo hace el Tribunal Constitucional, la expulsión de esta norma del sistema legislativo deberá ser provocada por el judicial. El judicial, no sin abrir una serie de líneas teóricas que merecen ser debatidas, ya utilizó sus competencias para pronunciar doctrinas vinculantes para declarar la inconstitucionalidad absoluta de la ley Soto sobre prescripciones. La vía, si se mantiene, podría entonces ser utilizada también para declarar la inconstitucionalidad general de la ley sobre organizaciones criminales. Aunque el Congreso parece querer anticiparse eliminando la facultad autónoma del judicial de pronunciarse sobre la inaplicación de leyes inconstitucionales, reduciéndola a un proceso de consultas que quede en manos del Tribunal Constitucional.

5. Para cerrar, debemos volver a la cuestión sobre los allanamientos, acaso la primera cuestión que llamó la atención de comentaristas de esta ley. La cuestión tiene que ver con las condiciones que un fiscal debe respetar para ejecutar un allanamiento. En este punto, Humberto Abanto ha insistido en que la ley ordena la presencia del abogado de la defensa solo en el momento del registro, no en el allanamiento. En contra, es preciso notar que el allanamiento es un procedimiento continuo que se compone de tres momentos que no pueden ser desligados: descerraje (si la puerta no es abierta voluntariamente), registro e incautación de evidencias o elementos empleados en la comisión del delito. El registro se aplica sobre ambientes, muebles y escondites, de modo que comienza “en cuanto se abre la puerta”, ya que la puerta forma una de las caras de un espacio (cochera, recepción, sala o pasillo de ingreso) que debe ser registrado de inmediato. La escisión que propone Humberto Abanto, llamativa como texto, es inviable como regla del procedimiento.

Carlos Caro, en cambio, ha llamado la atención sobre un punto. En materia de allanamientos, la ley sobre criminalidad organizada declara reformar la ley 27379 (artículo 2), de diciembre de 2000. Carlos Caro ha recordado que, en abril de 2023, la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema ha declarado que la ley 27379, al igual que la 27399 de enero de 2001, ha sido derogada por el Código Procesal Penal (auto de vista de 25 de abril de 2023, apelación 93-2022, caso Hinostroza Pariachi).

El caso que cita Carlos Caro se refiere al levantamiento del secreto de comunicaciones antiguas del señor Hinostroza Pariachi, destituido como juez supremo en octubre de 2018 por el Congreso de la República. La cuestión que propuso a debate se refirió, de hecho, a las competencias del Fiscal de la Nación y del fiscal supremo que solicitó la medida, y a la necesidad (o no) de haber recabado autorización del Congreso antes de solicitarla. Hinostroza sostenía entonces que, bajo las leyes 27379 y 27399, él no podía ser investigado por hechos posteriores a su nombramiento como fiscal supremo sin antejuicio previo. Sostenía que de la lectura de ambas leyes resulta que no puede entablarse una investigación preliminar contra un aforado.

La Sala denegó su apelación. Pero, en el marco del debate, cuando la Sala de Apelaciones se refirió a las leyes 27379 y 27399, en este caso no se estaba refiriendo a las normas sobre allanamientos, sino a las normas sobre competencia sobre aforados que, en efecto, cambiaron en el año 2004. Los dos principales cambios operados en esta materia se refieren a la posibilidad de delegar a fiscales supremos las investigaciones preliminares contra aforados o no. La respuesta que propuso la defensa fue que esa posibilidad no existía y la de la Sala, que sí. La segunda cuestión de importancia se refería a si era posible o no entablar procedimientos preliminares sobre aforados. La defensa sostuvo que no, la Sala que sí.

El auto de apelación aún no ha sido, hasta donde entiendo, revisado en casación. Pero, en una comunicación publicada por Perú Legal, informativo del Grupo La República, mi colega Mery Alonzo ha listado cuatro antecedentes que declaran que la ley 27379, que regula un procedimiento que no está específicamente regulado por el Código de 2004, la llamada “investigación preliminar” para casos especiales vinculados a organizaciones criminales, mantiene vigencia como norma especial.

Estos cuatro antecedentes son las resoluciones de 10 y 22 de agosto de 2018 de la Sala Penal Especial (resolución 2, A.V. 11-2018-1 y 1; apelación 07-2018-1); la sentencia de casación de 11 de octubre de 2018 (Sala Penal Permanente; casación 528-2018 Nacional, caso Keiko Fujimori) y el acuerdo plenario 3-2019/CIJ-116.

Anticipé al comienzo de estas líneas que la cuestión sobre allanamientos no debería ser considerada decisiva en el debate sobre esta ley. Encuentro con estas referencias que la mejor objeción a las objeciones hechas al texto, la de Carlos Caro, puede ser levantada si se presta una segunda mirada a los antecedentes que entran en juego en ella.

Lima, 15 de octubre de 2024.

Los sujetos pertenecían a la banda criminal conocida como "Los Tercios de Bertelo". Foto: composición LR/Cristina Gálvez/La República

Reflexiones jurídicas sobre el tratamiento legal a las organizaciones criminales en el Perú, por César Azabache Caracciolo

Estamos discutiendo hace ya desde hace varios días el alcance de la ley Rospigliosi, que ordena la llamada “devolución” de las investigaciones preliminares a la policía. Las fiscalías han anunciado que demandarán la inconstitucionalidad de la ley, en tanto recorta facultades que le son propias por mandato de la Constitución. En defensa de la ley se ha afirmado que la constitución concede competencias para investigar delitos tanto a la policía como a las fiscalías, de manera que al “precisarlas” no se transgrede el texto. Por mi parte creo que la ley misma aprobada crea el debate porque, refugiada como está en construcciones que supone pétreas, contiene una serie de confusiones conceptuales y sutilezas que ocultan su contenido práctico. Una ley como esta se entiende cuando pueden reconocerse sus consecuencias. Y esta, claro, hace enormes esfuerzos por hacer que esas consecuencias se vuelvan invisibles.

La consecuencia más visible se registra en el terreno de las investigaciones penales contra presidentes en ejercicio. Luego de un intenso debate, en mayo de 2022 la Fiscalía de la Nación dejo establecido que en nuestro país se reconoce la posibilidad de investigar a quien ejerce la presidencia mientras ejercer su mandato en el marco de la llamada “investigación preliminar”, establecida como asa etapa del procedimiento fiscal que ahora se quiere entregar a la policía. El caso con ocasión al cual se adoptó esta doctrina fue el caso Castillo, el presidente que acosado por las investigaciones que se desarrollaban en su contra intentó escapar ea México en medio del golpe de Estado que intentó en diciembre 2022. De hecho entre mayo y diciembre uno de los puntos permanentes de la agenda de Pedro Castillo fue desactivar el equipo especial que la fiscalía había pedido armar para evitar las injerencias del ministerio del interior sobre las investigaciones. El equipo puso ser protegido durante esa crisis, pero su jefe, el coronel Harvey Colchado, fue retirado de su puesto casi al mismo tiempo que se empezaba a prometer esta ley, después del allanamiento hecho en la caso de la presidenta Boluarte por el caso de sus relojes.

También cabe notar que los debates del Congreso se han producido apenas después que el equipo especial conformado por la fiscalía, con los mismos fiscales y policías especializados que ensamblaron os casos contra Pedro Castillo iniciaron las investigaciones que llevaron a detención preliminar al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, investigado por usar sus influencias para armar una red de contactos a través de la manipulación de los procedimientos de designación de prefectos y sub prefectos.

Queda más que claro que con la reforma no habrá más casos Castillo ni mas allanamientos como el que se impuso a la actual presidenta ni más casos como el de Nicanor Boluarte. La “investigación preliminar”, ese procedimiento que ahora se le quiere entregar a la policía, queda ahora bajo el absoluto control del gobierno. En adelante estará a cargo de la policía, que adquiere el derecho a llamar a un fiscal solo cuando ella haya decidido impulsar una detención o un allanamiento, no si decide no hacerlo, y que solo le entregarán sus conclusiones cuando decidan promover un caso penal, no si deciden encarpetarlo.&nbsp;

Pero en el plano semántico esta abdicación forzada ha sido revestida de un lenguaje que pretende que la la policía se le está devolviendo “algo que antes se le quitó”. Comencemos con las correcciones. La “investigación preliminar” no es una construcción policial. La crearon las fiscalías en los años 90, después que la Constitución “cerró” una polémica sobre sus funciones que le correspondían en los procedimientos penales que, bajo las reglas de 1940, se llevaban a cabo solo en juzgados penales, los llamados “procedimientos de instrucción”. Ocurre que la Constitución de 1979 entregó a las fiscalías, a la que convirtió en autónomas, lo que llamó la “titularidad de la acción penal”; el derecho a acusar y los derechos conexos a la preparación de la acusación. Desde que la Constitución de entonces entró en vigencia comenzó a discutirse si acaso el procedimiento penal podía empezar en los casos de interés público sin que sea la fiscalía quien lo solicitara. El debate comenzó a cerrarse cuando una reforma aprobada en 1981 dispuso que el el procedimiento judicial no comience antes que se sepa mínimamente quien podría ser el responsable de cada delito. Y cerró del todo cuando la Constitución de 1993 declaró que además de ser titulares de la acción penal los fiscales debían encargarse de preparar casos penales, a eso se refiere la “dirección de la investigación del delito”. Los términos, es cierto son confusos, pero en sus consecuencias prácticas estas construcción se leen de esta manera: A partir de 1993 los jueces dejaron definitivamente, si alguna duda quedaba, de tener autorización para abrir procedimientos penales de oficio. Desde entonces solo han podido proceder a solicitud de las fiscalías. Y para poder armar esas solicitudes, que en el difícil lenguaje legal que usamos en esta área se llamaban “formalizaciones de denuncias” las fiscalías crearon las “investigaciones preliminares”, como una estación propia que les permitía organizar los casos que propondrían al judicial.

Establecido el régimen en los años 90 la policía optó por crear un cuerpo especial para atender los pedidos de asistencia y apoyo de las fiscalías: La llamada policía del Minsterio Público, que ya ha sido desactivada. Durante todos los años 90 el procedimiento funcionó de la siguiente manera: Si una denuncia llegaba a la policía ella la investigaba sola, salvo que hubiera detenidos en flagrancia. Si concluía que había allí aun posible caso penal redactaba un informe que se llamaba “atestado” y se lo enviaba a las fiscalías. Si la policía creía o quería creer que no había bases para un caso penal armaba otro informe, el llamado “parte” y no se lo entregaba a nadie. Por su parte las fiscalías podían abrir un investigación preliminar por sí mismos y desarrollarla sin ayuda de nadie; podían pedir ayuda a la policía y entonces les asignaban apoyo en la llamada “policía del Minsterio Público” o podían recibir un atestado y hacer una investigación complementaria ante sí mismos.&nbsp;

El resultado de esta enorme dispersión de reglas, ninguna de ellas sancionada por una ley en términos claros era fácil de prever. En los casos en que no hubiera delitos en flagrancia el sistema no se podía protegerse de fugas. Y jamás se podía proteger de influencias montadas desde el gobierno, porque los partes simplemente no se entregaban a nadie. Como resultado a finales del años 2000, cuando empezaron a organizarse los casos derivados de las cuentas de Montesinos en Suiza y los vladivideos, las autoridades a cargo promovieron un paquete de leyes que tuvieron por objeto cambiar las cosas; generar un espacio de relación entre policías y fiscales que les permita planear las cosas de manera conjunta, juntando ambas perspectivas, e incluir en los planes de trabajo la posibilidad de obtener ordenes judiciales cuando fuera necesario tenerlas.

Las leyes de finales del 2000, principios del 2001, fueron las primeras que reconocieron expresamente la existencia de investigaciones preliminares como un espacio de relación entre policías y fiscales.&nbsp;

Así establecidas las cosas, la llamada “investigación preliminar” nunca fue ni sustituyó eso otro que hace la policía, llámese “pesquisa”, “identificación científica” o “ investigación policial” o como se quiera.

Pues bien. La reforma del procedimiento penal iniciada el 2004 suprimió la investigación policial “libre” en todos aquellos casos que, quedaba claro, debían llegar a los tribunales de justicia. La policía siempre ha podido y aún puede investigar lo que estime le compete. El punto de ligazón con las fiscalías aparece cuando encuentran que un caso puede o debe prosperar como caso ante la justicia. Ahí es cuando llaman a la fiscalía y ahí es cuando la fiscalia inicia (o iniciaba) las llamadas “investigaciones preliminares”. La facultad policial que se canceló a partir del 2004 fue ese derecho libre de decidir cuando llamaban a un fiscal, cuando habilitan su competencia o cuando podrían desestimar un asunto sin reportarlo a nadie.

Pero la investigación preliminar no era, insistió, un procedimiento policial. Fue desde el origen un procedimiento fiscal que la policía podía eludir libremente.

Aquí una segunda consecuencia práctica: En los hechos lo que se le ha devuelto a la policía con la ley Rospligliosi es el derecho a eludir a la fiscalía desestimando casos sin el control de nadie cada vez que desean hacerlo.

También hay que decir que el Código que impulsó la reforma al procedimiento penal que comenzó en el 2004 no tiene una sola palabra sobre investigaciones preliminares. Los autores del Código de 2004 supusieron que, puestas las cosas de otro modo, podrían suprimirlas también a la fiscalía. Los autores del Código no querían que hubiera procedimientos fiscales libres de control judicial. Entonces reemplazaron las investigaciones preliminares por un un espacio muy corto llamado de “diligencias preliminares” que debían ser apenas unas cuantas y debían servir para completar detalles precisos: confirmar la edad del imputado, las direcciones de los testigos y recoger documentos básicos antes de decidir si debían reportar el hecho a un juez o no.

La verdad de las cosas es que la fiscalía lo pudo hacerse cargo del peso del procedimiento real que esperaba implantar la reforma. La “investigación preliminar” de los años 90 fue transportada al procedimiento reformado para darle a los fiscales tiempo antes de decidir si debían iniciar o no la llamada “investigación preparatoria”, el procediendo previo en el que debe decidirse si se acusa o no a una persona o una empresa en concreto por un delito.

Que ha sido una mala idea transportar las investigaciones preliminares a procedimiento reformado es algo de lo que no tengo dudas. Que la fiscalía se ha excedido en la forma de usar estos procedimientos, especialmente en el tiempo, es otra cosas que no dudo. Pero el remedio no es abrir un segundo procedimiento sin control judicial, una nueva “investugación preliminar policial”, son limites del tiempo, que se impondría a la “investigación preliminar fiscal”, que en estas condiciones está llamada a aparecer, para multiplicar el tiempo de demora de cada caso. La salida estaba en volver al esquema teórico del Código: Si aparece un caso penal relevante, algo que debe llegar a los tribunales, entonces un par de diligencias de descarte de cosas o de comportamiento de información y las cosas a un juez.

Los procedimos de investigación sin juez son un pésima idea. Y esta reforma los multiplica por dos, uno entregado al gobierno.

La policía tiene, siempre ha tenido, un espacio propio para investigar delitos. Antes de solicitar a la fiscalía comenzar a actuar en conjunto la policía ha hacho siempre y no tiene porque dejar de hacer millones de actividades que pasan por observaciones de campo, identificación de delatores, levantamiento de información y análisis de hechos que jamás han requerido autorización fiscal. Los procedimientos policiales no han estado jamás absorbidos por las fiscalías de modo que se pretenda que son fiscales no se puede hacer nada. En el derecho comparado el modelo es simple porque no se le enreda deliberadamente: la policía hace su trabajo, y cuando encuentra que un determinado evento puede convertirse en un caso legal en forma llama a un fiscal para empezar a prepararlo. Como le llamemos a este espacio de coordinación que en el caso peruano existe desde los años 90 para luchar contra el narcotráfico es lo de menos. Pero usar etiquetas equivocadas enreda las cosas.

La ley que ha aprobado el Congreso cancela este espacio de manera sinuosa y confusa. Y produce un solo resultado práctico evidente: en adelante será la policía, que está subordinada al gobierno, la que se hará cargo de cosas como el uso de auto presidencial para facilitar la fuga de Cerrón.

El allanamiento de la señora Boluarte se vuelve irrepetible. El cerco a un personaje corrupto como Pedro Castillo, también.

investigación preliminar

La “investigación preliminar” jamás fue policial, por César Azabache

La suspensión impuesta por la JNJ caduca en junio. Su retorno la fiscalía de la nación representa un riesgo fácil de reconocer si tomamos en cuenta lo que ha hecho desde que fue elegida para el cargo, en junio de 2022: Antes de esa fecha ya había pedido a Bersabeth Revilla y a Zoraida Ávalos que la dejaron intervenir formalmente en la evaluación del caso de su hermana. Ambas se negaron. Apenas nombrada removió a la fiscal Revilla. Luego se dedicó a tejer una red de influencias destinada a deshacerse de la fiscal Ávalos y de la JNJ, que ya la investigaba. Y en cuanto estalló el caso Valquiria removió a la fiscal Barreto.

Acosada la JNJ como está, una de las únicas alternativas que pueden impedir que la señora Benavides regrese a la Fiscalía de la Nación consiste en generar una segunda suspensión, esta vez del desde el judicial.

De hecho las suspensiones de cargos públicos a consecuencia de lo que representan como peligro para la investigación de un delito están autorizadas por el artículo 298.1.b del Código Procesal Penal. En principio entonces, es posible suspenderle por todo lo que ha hecho como Fiscal de la Nación. Y es urgente hacerlo.

La discusión sobre la posibilidad de hacerlo existe porque el Código Procesal Penal tiene otro artículo, el 338.4, que dice literalmente que las medidas que requieren orden judicial, como la suspensión, solo se pueden adoptar cuando el procedimiento llega a una etapa más avanzada, que se llama investigación preparatoria. En el caso de la fiscal Benavides, que tiene protecciones constitucionales por el hecho de ser Fiscal de la Nación (suspendida, pero con cargo vigente), a la investigación preparatoria solo se llega cuando el Congreso lo autoriza, vía procedimiento de antejuicio.

Sin embargo los límites del 338.4 parecen haber sido superados por la jurisprudencia de los tribunales masivamente en el último tiempo. Hemos visto ya allanamientos autorizados por orden judicial durante investigaciones preliminares en los casos del expresidente Pedro Castillo (1) y la actual mandataria Dina Boluarte, contra quienes hace solo dos años se estimaba imposible abrir una investigación preliminar. Hemos visto una orden de detención preliminar emitida en una investigación también preliminar por un juez en el caso Silva (2) y ahora mismo está en debate un pedido para que el judicial impida la salida del país de la fiscal Benavides.

Es evidente que ninguna de estas medidas habría sido posible si el artículo 338.4 del Código Procesal Penal constituyera un verdadero límite para usar medidas judiciales en investigaciones preliminares.

En este asunto se trata sobre la necesidad de manera de suspender a una autoridad involucrada en investigaciones que se refieren a la forma en que interfirió en una investigación en concreto sobre casos relacionados con corrupción judicial. En este caso el núcleo de los cargos se organiza alrededor de la protección que la Fiscal de la Nación dispenso a favor de la jueza Emma Benavides, hermana de la Fiscal de la Nación. El marco de deberes que debe cumplir el Estado en estos asuntos aparece registrado en la Convención de Naciones Unidas sobre corrupción, especialmente en el artículo 30.2, que obliga a mantener todas las protecciones constitucionales establecidas a favor de autoridades como quien ha sido elegida Fiscal de la Nación en una relación equilibrada, no ciega o des balanceada, con la necesidad de procesar estos casos adecuada y oportunamente. Además aplica al caso el artículo 30.6 de la Convención, que obliga a los Estados Parte a considerar procedimientos que permitan suspender y destituir a quienes están imputados por hechos de este tipo cuando sea necesario, en el mismo marco de un procedimiento basado en garantías equilibradas (3).

La Convención, de hecho, funciona en esta materia como una fuente de generación de normas y también como una herramienta de interpretación sobre el alcance de las reglas existentes. Esta segunda función es la que entra en juego en un caso que enfrenta los problemas legales que mantienen nuestras normas legales sobre procedimientos penales relacionados con autoridades protegidas constitucionalmente.

En mayo de 2022 la Convención fue usada como fundamento para abandonar la doctrina que la Fiscalía de la Nación había seguido respecto a la imposibilidad de investigar de cualquier forma y bajo cualquier procediendo a quien ejerciera la presidencia del la república. Más allá de detalles, las medidas de intervención judicial que se han aprobado hasta el momento a pesar del artículo 338.4 del Código encuentran justificación en los artículo 30.2 y 30.6 de la Convención.

La extensión de estas medidas a la que sería la primera suspensión judicial de una Fiscal de la Nación por la necesidad de mantenerla lejos de las influencias que ha mostrado poder ejercer desde este cargo pueden ser justificadas de la misma manera.

(1) https://www.infobae.com/peru/2024/03/31/dina-boluarte-pedro-castillo-y-palacio-de-gobierno-acusaciones-escandalos- y-su-silencio-ante-denuncias-de-corrupcion/. En el caso de Pedro Castillo, el allanamiento se produjo con ocasión a una investigación preliminar seguida contra una de sus hijas.

(2) https://www.swissinfo.ch/spa/justicia-de-perú-ordena-la-detención-preliminar-de-un-exministro-de-castillo/47656448

(3) Ver, además, la Guía Técnica de Naciones Unidas sobre esta Convención. Los comentarios a estas dos cláusulas aparecen en la página 95, en el II.2.

Patricia Benavides fue suspendida del cargo de Fiscal de la Nación.

Detalles jurídicos detrás de la suspensión Patricia Benavides

A la serie del&nbsp;05FEB&nbsp;se han puesto sobre la mesa, por partes, dos&nbsp;declaraciones que Jaime Villanueva está&nbsp;presentando ante la fiscal Delia Espinoza&nbsp;en el marco del caso Benavides.&nbsp;

Estas declaraciones forman parte de un set más amplio que presenta en simultáneo ante la fiscal Barreto en el marco de su propio proceso por colaboración eficaz, delación o clemencia.&nbsp;

Reparemos en la mecánica: Un canal de televisión organizó&nbsp;una noticia sobre uno o dos fragmentos de la declaración, la parte en que se refería a las relaciones entre Gustavo Gorriti y los fiscales Sánchez y Vela. De inmediato las&nbsp;demandas&nbsp;por conocer el texto entero se hicieron masivas. El resultado, las 23 páginas de esa declaración, la de 30ENE24 empezaron a circular en redes. El 11FEB trasciende un nuevo fragmento de una declaración adicional que el 12FEB aparece entera. Y ya se dice en pasillos que al cierre de estas líneas el set completo está&nbsp;compuesto de 5 declaraciones.

Nuevamente, pasó&nbsp;con Jorge Barata, pasó&nbsp;con Matilde Pinchi, estamos instalando a los delatores en el centro de nuestros debates morales. Enorme error. Los delatores no son un factor de reconocimiento o establecimiento de la verdad. Eso es algo que he sostenido con insistencia, aunque con poco&nbsp;éxito desde que empezó&nbsp;el siglo. Los delatores son personas que eligen entregar a las autoridades información sobre sus crímenes y los crímenes que cometieron otros aplicando a beneficios. El centro de estos procedimientos no está&nbsp;entonces en lo que dicen (que es una oferta) sino en la evidencia que entregan. Por eso los procedimientos perfectos de delación son, por ejemplo, los que sostienen los procedimientos de intervención en flagrancia en embarques de droga: No sabemos si los delató&nbsp;un agente encubierto de la policía o un colaborador eficaz. Las declaraciones son absolutamente innecesarias entre el peso de la evidencia que se obtiene en la intervención de flagrancia. Si esos procedimientos están en un extremo de la corrección del modelo, procedimientos como el de Barata, Pinchi Pinchi y, aparentemente ahora, Villanueva están en el otro extremo, aquel en que los delatores se convierten en una especie de divisor de aguas que concentra la energía de todos los debates sobre crímenes emblemáticos.&nbsp;

Importante notar que la pieza de origen del caso Walkiria, de esa historia se trata, fueron las imágenes de chats que obtuvo un agente encubierto en el Congreso, no las declaraciones de Villanueva.&nbsp;

Nuestra historia reciente pone en evidencia, sin embargo, que el proceso es incontenible: Instalaremos a Villanueva en el centro de los debates que ya han empezado sobre el caso Benavides y los que pueden -o no- desprenderse de&nbsp;él.

<h2>Las investigaciones de la fiscal Espinoza&nbsp;</h2>

Las investigaciones que sigue la fiscal Espinoza tienen por objeto confirmar si, como sostuvo la fiscal Barreto al iniciar la llamada operación Walkiria, la fiscal Benavides usó&nbsp;o no&nbsp;su puesto como Fiscal de la Nación para tejer una red de influencias en el Congreso que canjeaba&nbsp;ataques a sus adversarios&nbsp;contra exoneraciones de responsabilidad&nbsp;penal concedidas a su pedido. La fiscal Barreto obtuvo revelaciones de un agente encubierto que consiguió&nbsp;impresiones de mensajes Whatsapp&nbsp;que mostraban coordinaciones de ese tipo.&nbsp;La evidencia, insuficiente para anticipar conclusiones definitivas, fue usada por&nbsp;Barreto&nbsp;como evidencia inicial. Cruzada con las&nbsp;líneas de tiempo de los documentos e investigaciones a los que se referían esos mensajes, se produjeron coincidencias que bastaron para&nbsp;intervenir, con autorización judicial,&nbsp;a&nbsp;Jaime Villanueva. Emplazado, Villanueva optó&nbsp;por confirmar los intercambios y contar su propia historia en un procedimiento de colaboración con la fiscalía que aún no termina.&nbsp;La fiscal Benavides&nbsp;fue&nbsp;invitada a renunciar al cargo por&nbsp;los otros&nbsp;dos fiscales&nbsp;que formaban con ella&nbsp;la&nbsp;Junta de Fiscales Supremos. Se negó&nbsp;a hacerlo y arremetió&nbsp;contra la fiscal Barreto, a la que destituyó&nbsp;el día uno de esta historia. Puestas así&nbsp;las cosas, la JNJ la&nbsp;suspendió&nbsp;provisionalmente&nbsp;hasta que los hechos&nbsp;se aclaren.

No puede&nbsp;gobernar las fiscalías quien está&nbsp;siendo investigada por ellas. Al menos no mientras las cosas se aclaren. Esta regla, que encuentro elemental, ya se había discutido en sus fundamentos cuando se organizaron los casos contra Pedro Castillo. Sometido a investigaciones por el fiscal Sánchez, Castillo intentó&nbsp;boicotear al equipo policial que le investigaba, el que dirigían la fiscal Barreto y el coronel Colchado. Por esas interferencias se puso en debate la posibilidad de suspenderlo. Impresiona que la fiscal Benavides, que tuvo un papel innegable en las investigaciones contra Castillo, haya elegido la ruta de las interferencias al verse emplazada por el equipo que antes enfrentó&nbsp;a Pedro Castillo.

Pero la consistencia no es entre nosotros un principio que prevalezca en estos asuntos.

En todo caso la suspensión de la fiscal Benavides solo tendrá&nbsp;vigencia hasta junio. Seis meses no constituyen un plazo confortable para fiscalías que han mostrado dificultades en acomodarse a los requerimientos basados en los calendarios. Pero la tensión que produce tener a la Fiscal de la Nación suspendida no hace recomendable pensar en una ampliación del plazo de la suspensión. Seis meses deben ser suficientes para decidir si el caso contra la fiscal Benavides puede formalizarse ante el judicial, si la Junta de Fiscales Supremos decidirá&nbsp;adelantar las elecciones y reemplazarla y si la JNJ decidirá&nbsp;destituirla o no.&nbsp;

Importante recordar que la JNJ tiene en sus manos el caso sobre la remoción en el cargo de la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana por liberar&nbsp;en&nbsp;el 2015 a Ruiz Martínez, acusado en Perú&nbsp;por narcotráfico y ahora en Colombia por asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ruiz, que escapó&nbsp;del Perú&nbsp;luego de ser liberado por la sala que integraba la fiscal Benavides, fue capturado en Colombia en mayo de 2022. Antes de ser removida,&nbsp;en&nbsp;julio de 2022, la fiscal Revilla había iniciado el procedimiento para tomar su declaración. El fiscal Terán, que la reemplazó, dejó&nbsp;de insistir en este y otros pedidos semejantes y propuso el sobreseimiento del caso, decisión que ha sido desestimada por el judicial.&nbsp;

Los seis meses de suspensión impuestos a la señora Benavides deberían ser suficientes para retomar estos pedidos y establecer si los acusados que escaparon del país después de ser liberados por la sala que integraba la señora Benavides tienen o no una historia que contar.&nbsp;

Imposible dejar de notar el enorme peso que tendrá&nbsp;en esta historia la ley de diciembre de 2023, por medio de la cual el Congreso decidió&nbsp;prohibir a los tribunales usar como prueba exclamaciones convergentes de colaboradores con la fiscalía. Aún estamos a la espera de saber si la actual Junta de Fiscales Supremos demandará&nbsp;o no la inconstitucionalidad de ese recorte injustificado.&nbsp;

<h2>Las declaraciones de Jaime Villanueva&nbsp;</h2>

La atención que han&nbsp;convocado las declaraciones de Jaime Villanueva es absolutamente explicable.&nbsp;Las declaraciones que han sido puestas sobre la mesa entre el 05 y el 11FEB &nbsp;contiene al menos&nbsp;seis&nbsp;órdenes de asuntos que alcanzan a la señora Keiko Fujimori;&nbsp;al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto y a otros varios congresistas, especialmente a las señoras Moyano y Chirinos;&nbsp;al señor Hernan Garrido Lecca;&nbsp;a Gustavo Gorriti y a los&nbsp;fiscales&nbsp;Sánchez, Vela, Pérez y&nbsp;Ávalos, en este momento fuera de funciones. Para cerrar de nuevo referencias a Pedro Castillo y al caso de los fondos de Perú&nbsp;Libre que ahora incluyen a Dina Boluarte.&nbsp;

Las referencias dedicadas a cada uno de estos personajes en la declaración es disímil en extensión, en intensidad y en relevancia legal. Pero los nombres están allí&nbsp;y eso, sin duda, basta para que se desaten reacciones de todo tipo. &nbsp;

De hecho el fuego que se ha abierto por estas referencias&nbsp;tiene direcciones cruzadas y parece desplegarse a discreción. Usando una de estas partes la&nbsp;defensa de la señora Fujimori anuncia que pedirá&nbsp;la nulidad de las investigaciones sobre los fondos empleados en la campaña de 2011. El caso no está&nbsp;bajo investigaciones. Tiene una acusación que ya fue revisada por el judicial y está&nbsp;programado para entrar a&nbsp;juicio. No me queda claro qué&nbsp;pedirá&nbsp;específicamente&nbsp;que se anule la defensa de Fujimori, condición indispensable para calcular qué&nbsp;podrían&nbsp;decidir&nbsp;los&nbsp;tribunales. Pero la expectativa por conocer cómo aterrizarán ese anuncio en su proceso es&nbsp;sin duda&nbsp;enorme.&nbsp;

Por su parte la JNJ&nbsp;decidió&nbsp;abrir investigaciones por separado a los fiscales Vela, Pérez (contra quien se dirigen las baterías de la defensa de la señora Fujimori) y Sánchez.&nbsp;Ninguno de los tres tiene facultades de gobierno sobre las&nbsp;fiscalías.&nbsp;Vela está&nbsp;suspendido. &nbsp;Presentó&nbsp;objeciones serias sobre los fundamentos de su suspensión, que se basaron en determinadas críticas hechas en público a una Sala en la que su equipo perdió&nbsp;un caso. Encuentro poco probable que la suspensión sea removida después de las referencias que contiene la declaración de Jaime Villanueva sobre&nbsp;él. No hay una conexión necesaria entre las razones por las que se le suspendió&nbsp;y las declaraciones de Villanueva. De hecho, las referencias a la forma en que se ensambló&nbsp;su suspensión aparecen en otras parte de la declaración, la que describe qué&nbsp;pedían las señoras Fujimori y Moyano a quien entonces era Fiscal de la Nación.&nbsp;

Sin embargo la JNJ ha decidido investigar las referencias que la declaración contiene sobre&nbsp;él. No hay en su caso algo semejante a las imágenes de mensajes que dieron origen al caso Walkiria. Pero Vela, antes de ser suspendido, tenía a su cargo un equipo de investigaciones con mucha influencia dentro de las fiscalías. Un equipo que aparentemente será&nbsp;atacado por la defensa de la señora Fujimori por el contenido de esas declaraciones. Ya está&nbsp;suspendido, de modo que suspenderlo provisionalmente no tiene objeto. &nbsp;Pero reponerlo antes que se aclare si las declaraciones de Villanueva sobre&nbsp;él dan pie para un caso de relevancia legal o no sería, por decir lo menos inoportuno.

Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación que mandó&nbsp;a Pedro Castillo a investigación siendo presidente en ejercicio, también ha sido mencionado. Las referencias que se hacen sobre&nbsp;él no me parecen concluyentes: Que no haya estado de acuerdo con el allanamiento al local de Fuerza Popular, que haya respaldado al fiscal Hamilton Castro, el que abrió&nbsp;los casos basados en las primeras declaraciones de Odebrecht, que no haya&nbsp;tenido una&nbsp;buena&nbsp;relación con la fiscal&nbsp;Ávalos o que en su día haya tenido una buena relación con la fiscal Benavides no parecen ser asuntos que conduzcan a nada en particular. El fiscal&nbsp;Sánchez, sin embargo,&nbsp;integra la actual Junta de Fiscales Supremos.&nbsp;Quien recibió&nbsp;las declaraciones de Jaime Villanueva es la fiscal Espinoza, que integra también la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal Villena, que ahora gobierna las fiscalías, no ha sido tocado por las declaraciones.&nbsp;Más allá&nbsp;de mis impresiones, el que haya un asunto por calificar, un tema en manos de la fiscal Espinoza y también de la JNJ crea una escena tensa en un colegiado que debería ahora mismo estar abocado a manejar las secuelas del periodo de la fiscal Benavides. Más allá&nbsp;del desenlace final, la Junta de Fiscales Supremos deberá&nbsp;hilar muy fino aquí. El asunto no tiene precedentes en lo que al fiscal Sánchez se refiere. No muestra la intensidad de otros asuntos incluidos en las declaraciones de Villanueva, pero desde el momento en que la JNJ lo considera algo que investigar debe ser tomado muy en serio.&nbsp;

El fiscal Pérez, contra quien parecen dirigirse los anuncios de la defensa de la señora Fujimori, es a quien menos se menciona en esta parte. No debe ser para nada confortable que Villanueva sostenga que lo eligieron por lo que llamaré&nbsp;una forma de impulsividad particular. Tampoco que se ventilen en público sus discusiones sobre la forma de mantener su remuneración a pesar del traslado al equipo especial. Pero sobre&nbsp;él la declaración solo tiene anécdotas: Que los fiscales Vela y Sánchez tuvieran en cuenta en determinadas escenas que Pérez podía formar disidencias por asuntos que no se alinearan con su enfoque de lo correcto, que haya decidido el allanamiento del local de Fuerza Popular sin consultarlo con nadie. Todas estas son cosas que pueden gustar a unos y no a otros, pero Pérez no tiene a su cargo ningún puesto de dirección o gobierno, de modo que probablemente esperará&nbsp;la decisión de la JNJ con relativa tranquilidad.&nbsp;

Ahora claro, qué&nbsp;forma específica tendrá&nbsp;el anuncio de Fuerza Popular en punto a que pedirán que se retire del juicio que empezará&nbsp;en julio es algo que aún debe verse. &nbsp;

<h2>Gorriti en las&nbsp;fiscalías</h2>

La parte más llamativa de estas declaraciones, no necesariamente la más relevante en términos legales, pero la más dramática en términos institucionales, pone a Gustavo Gorriti, dentro de las fiscalías, prácticamente en sus pasillos. &nbsp;

Gorriti es, que aunque no guste a todos, es uno de los principales investigadores sobre temas vinculados a la corrupción en nuestro medio. Rosa María Palacios ha insistido en una idea que comparto: No tiene nada de extraño que un periodista de investigación mantenga una línea de contacto o un espacio de intercambios con autoridades oficiales que investigan hechos de relevancia institucional. Ni los abogados ni los magistrados somos investigadores de hechos. Dependemos de quienes si lo son, sean periodistas, antropólogos, sociólogos o incluso investigadores de equipos formales de inteligencia. No es posible imaginar que investigaciones como las que se han hecho para los casos Lavajato puedan construirse sin encontrar puntos de equilibrio entre varias formas de investigación. Cuando se investigaba el terrorismo de los ochenta se decía mucho que un investigador de Desco, Raúl Gonzales, había abierto una una línea de cooperación con las autoridades de este tipo. Tampoco gustó&nbsp;a todos la noticia.&nbsp;

Las líneas de cooperación entre periodistas de investigación, observadores de procesos políticos y la procuraduría que formó&nbsp;José&nbsp;Ugaz a principios de este siglo estuvo, sin duda, en el centro de la organización de los casos que entonces se presentaron. El problema no está&nbsp;ahí.&nbsp;

En el caso de Gorriti el problema está&nbsp;en dos referencias que merecen explicaciones: Hay un fragmento en las declaraciones de Villanueva en que se registra un incidente entre Hamilton Castro, el primer fiscal que se encargó&nbsp;de los casos Odebrecht y Gustavo Gorriti. En ese fragmento el fiscal Castro aparece quejándose de lo que podemos describir como cierta prepotencia atribuida al periodista. No encuentro problema en que Gorriti haya sugerido&nbsp;el contrato con Lenz, una suerte de enlace que debería haber permitido relacionar a las fiscalías con el material hallado en el exterior. &nbsp;La procuraduría de Ugaz tuvo también problema de enlace, pero los resolvió&nbsp;a partir del estupendo trabajo que hizo entonces una abogada interna, de origen peruano alemán que además era experta en finanzas. La visita de Pérez a casa de Gorriti tampoco parece quebrar los términos usuales de relación autoridades de investigación-fuentes. Creo que quienes conocemos&nbsp;de estas cosas sabemos que Gustavo Gorriti trabaja en una suerte de búnker en el que protege ss información y sus principales reuniones de interferencia externas.&nbsp;

La cuestión sin embargo en que se inscribe este capítulo que se define por la notoria ausencia de una política equilibrada y explícita de relación con medios dentro de las fiscalías. La parte verdaderamente dura de los fragmentos que se refieren a Gustavo Gorriti hacen referencia a supuestos intercambios de información basados en objetivos. Un evento en concreto, una ligazón entre el impedimento de salida que en su día se impuso a García Pérez y determinada escena reputacional, una foto incómoda en un local abierto al público, aparentemente mitigada en base a la relación que Vela y Gorriti pueden haber desarrollado en el proceso. Esa es la escena que resulta incómoda y merece una explicación clara. Pero insisto, merece además una solución definitiva a un problema que aún no se aborda institucionalmente: Las fiscalías no tienen una política propia de comunicación y relación con medios. Y la audiencia de esa política crea un vacío en la vocería institucional, que ahora depende del posicionamiento personal de los&nbsp;fiscales&nbsp;y una serie de asimetrías que se relacionan con la facilidad con que determinados documentos, imposible no poner en la lista el acta de la declaración de Jaime Villanueva, llegan a ser publicadas antes de hacerse públicas por conductos regulares.&nbsp;

Esta parte de las declaraciones de Villanueva no conduce a una discusión sobre delitos ni razones para anular procesos. Pero merece una respuesta institucional. Y esa respuesta institucional es un plan de relacionamiento entre las fiscalías y los medios que detenga, de una vez por todas, cualquier filtración que pueda politizar procesos que requieren condiciones institucionales mas equilibradas para desarrollarse. &nbsp;

La declaración de Villanueva&nbsp;el&nbsp;30ENE con que comenzó&nbsp;este debate tenía&nbsp;cinco&nbsp;órdenes de cosas. La que se publicó&nbsp;la noche del DOM11 agrega uno adicional: (1) la forma en que se movieron las relaciones de la Fiscal Benavides con la señora Keiko Fujimori; (2) las relaciones de Benavides con los congresistas Soto y Balcázar, y con el llamado&nbsp;“africano”; entre varias otras: (3) las relaciones que Villanueva atribuye al fiscal Vela con el abogado de la jueza Benavides y con Gustavo Gorriti; (4) una serie de referencias a eventos de pasillo de tiempos del fiscal Sánchez en las que aparece nuevamente Gustavo Gorriti; (5) más eventos de pasillo de tiempos de la fiscal&nbsp;Ávalos&nbsp;y (6) la supuesta intervención del fiscal Vela en el caso por lavado de activos en Perú&nbsp;Libre&nbsp;a favor de Pedro Castillo y de Dina Boluarte.

Si usamos como descriptor&nbsp;“influencias”&nbsp;los relatos de estos cinco paquetes de hechos relatados el más abundante (incluso en espacio y detalles) se refiere a la señora Fujimori y su entorno.

La pieza es de interés, eso es evidente. Pero no es un testimonio que baste para dar por cerradas ningunas de estas 5 historias.&nbsp;

No olvidarlo: las delaciones no se&nbsp;“cierran”&nbsp;por los testimonios que se presentan sino por las evidencias que se entregan a las autoridades.&nbsp;

Este caso está&nbsp;en manos de la fiscal Delia Espinoza, que actúa libre de toda subordinación a terceros. Dejemos espacio para que ella tome una decisión equilibrada sobre cuáles de estos cinco paquetes de referencias tienen relevancia legal y hasta donde corresponde discutir estas historias como historias verosímiles.

Jaime Villanueva. Foto: composición LR de Gerson Cardoso/Andina

Diseccionando las declaraciones de Jaime Villanueva

La Comision de Justicia del Congreso aprobó hace unas semanas recomendar al Pleno convertir en ley por insistencia la autógrafa que aprobó a mediados de este año sobre colaboración eficaz.

El texto, que fue observado por el gobierno en julio, impone plazos al proceso (8 meses prorrogables). Además crea cargas como al video grabación de la declaración de los delatores, que sería absolutamente irrelevante si no fuera por el riesgo de entender que se refiere a “toda” declaración, también las que se hacen al negociar los beneficios. Más importante que eso, prohíbe que una delación sea confirmada por otras delaciones.

Miguel Soria, que fue viceministro de Salvador Heresi en tiempos de Vizcarra, ha defendido la reforma reconociendo que tiene por objeto proteger a las personas que son sindicadas por los delatores <a href="https://youtu.be/Yfu3EnTktWs?feature=shared">(RPP)</a>. Los tres elementos de la reforma, el plazo, las video grabaciones y la prohibición de probar usando declaración concurrentes de delatores funcionan, él lo ha reconocido, limitando las posibilidades de la fiscalía frente a quienes son delatados.

Para entender este esquema es preciso notar que las colaboraciones eficaces o delaciones crean una relación compleja entre tres partes: el fiscal, que busca pruebas, el delator, que las tiene en su poder y el delatado, que de una manera u otra está interesado en protegerse de ambos. Las normas sobre estos procedimiento se mueven en esa triple tensión, que hace que todos sus ángulos sean complejos.

El tiempo por ejemplo, es un asunto que en principio solo interesa al delator y a la fiscalía. Los procesos de colaboración eficaz deben ser suficientemente largos para que la fiscalía pueda obtener lo que le haga falta, pero al mismo tiempo rápidos para que sus resultados se puedan usar oportunamente contra el objetivo de la investigación, el delatado ¿Cual es el plazo apropiado para que ello ocurra? Imposible establecerlo de antemano. Por eso las leyes sobre estos procesos no tienen plazos. Si el proceso tarda tanto que el delator pierde interés en sus resultados, pues puede abandonarlo o protestar en reserva ante un juez de control. Pero ese es un asunto en el que el tercero/delatado no tiene porque intervenir. Un tema sobre el que no tiene por qué tener derechos.

Las condiciones en que se producen las reuniones entre el delator y la fiscalía y el uso de delaciones múltiples para confirmarse unas a otras es otro asunto complejo. El Congreso parece querer que todas las reuniones entre el delator y la fiscalía se graben para que el delatado pueda atacarlas en juicio por la razón que encuentre.&nbsp; Y parece querer evitar la concurrencia de delaciones para desestimular las estampidas que pueden producirse en una organización criminal precaria, amenazando a sus integrantes con un embudo que permitía sólo una traición: mejor pelear con uno que con varios delatores.

Pero resulta que las cosas no funcionan, no tienen que funcionar, de esta manera. Los procedimiento de delación no tienen por único objeto “crear” testigos de cargo. De hecho, aunque los casos más famosos de colaboración eficaz estén relacionados a “testigos estrella” no es este el uso ideal de estos procedimientos. En los casos más exitosos el delator entrega evidencias o información, no testimonios. Y en base a esas evidencias o en base a la información privilegiada que el delator posee pueden organizarse casos legales, intervenciones en flagrancia o allanamientos que producen resultados.

En los casos usuales, los más frecuentes, los que menos conocemos, las reuniones entre el delator y la fiscalía son reuniones de negociación, no testimoniales. No tienen por objeto servir de prueba en juicio. Por eso grabarlas en video es desestimularlas. No tiene sentido que la ley pretenda que se originen registros documentales o audiovisuales de una negociación cuando ninguna de las partes sabe si se llegará a un acuerdo mínimo en forma.

La ley además prohíbe la difusión de resultados parciales de las negociaciones de delación. La difusión de estos asuntos es siempre polémica, pero los autores de la ley no parecen estar tomando en cuenta que la revelación de contenidos es, en algunos casos, la única forma posible de proteger a los delatores y proteger la evidencia que ellos entregan. Una prohibición ciega como la que la ley contiene no protege personas inocentes, crea un espacio vacío en el que las amenazas e incluso la violencia pueden desplegarse contra procesos en marcha de manera invisible.

Y por lo que toca al uso de relaciones concurrentes resulta imprescindible recordar que las reglas fueron establecidas ya por la Corte Suprema en el Acuerdo 2-2017: las declaraciones concurrentes pueden usarse si tienen apoyo en evidencias adicionales.

Los delatados deben tener sin duda la oportunidad de defenderse cuando son imputados por una delación. Pero un Congreso con 130 asientos y aproximadamente 40 titulares mencionados en uno de los casos más importantes de delación, el de Villanueva, no debería tener derecho a legislar en este tipo de materias.

Proceder en este marco es básicamente hacer lo mismo que se hizo con la ley Soto: legislar en base a intereses propios.

Las consecuencias de la ley de contra reforma sobre la colaboración eficaz aprobada por el Congreso pueden controlarse si el la Corte Suprema,&nbsp; por un acuerdo plenario urgente declara que (1) la prohibición de uso de declaraciones cruzadas debe aplicarse en atención a un acuerdo anterior, que prohíbe usarlas salvo que medie prueba externa que las conforme; (2) que el plazo del proceso puede ser convalidado por el solicitante de beneficios, que es el único legitimado para reclamar sobre el y (3) que el registro formal de declaraciones debe aplicarse a las que tengan vocación probatoria, dejando a salvo la reserva de las reuniones previas entre la fiscalía y el solicitante.

En ese acuerdo la Corte Suprema debe dejar en claro que la reforma a la ley de #ColaboracionEficaz no debe ser aplicada en ningún caso en que alguno de los representantes en el @congresoperu sea investigado

CONTÁCTO

La suspensión del caso JNJ y desacato parlamentario

En estas condiciones, proceder en contra del auto se ha convertido ahora en un delito flagrante perfecto. La sentencia del proceso contra el Poder Judicial no les protege en este caso.