24 Jun 2022 - 20:25

      Ministerio Público declara en emergencia el Instituto de Medicina Legal

      Debido a la grave situación que atraviesa el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público acordó declararlo en emergencia por 90 días.

      El Instituto de Medicina Legal es el ente rector de la medicina legal y ciencias forenses en el Perú. | Crédito: Andina

      El Ministerio Público declaró hoy en emergencia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) por un plazo de 90 días. Ante ello, conformó una comisión de trabajo para su reestructuración orgánica y reorganización administrativa.

      La declaratoria fue oficializada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 1458-2022-MP-FN, publicada en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

      En los considerandos de la resolución se señala que la grave situación que atraviesa el IML pone en riesgo la adecuada provisión de los servicios médico-legales, clínico forense y tanatológicos, afectando la oportuna prestación del servicio al sistema de administración de justicia que brinda el Ministerio Público a la ciudadanía.

      Por ello, se dispuso la creación de una comisión de trabajo que se encargará de evaluar, analizar y proponer las acciones y medidas de innovación administrativa y de gestión, de acuerdo a las necesidades y objetivos institucionales.

      El citado grupo estará conformado por el jefe del IML, Francisco Brizuela Pow Sang, así como Alcides Cuya Palomino, gerente administrativo del IML; Natalia Escudero Rodríguez, asesora del IML; Ana Navarro Orellana, asesora de la Oficina de Criminalística y responsable del Área de Planificación y Presupuesto del IML.

      De igual forma, integrarán la comisión la gerente de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio Público, Claudia del Rosario Rubio; y la gerente encargada de la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, Zenaida Lengua Reyes.

      La comisión deberá entregar al despacho de la Fiscalía de la Nación, en un plazo de 60 días calendario – contados desde la fecha de publicación de la resolución – un informe con las propuestas de las medidas y acciones necesarias.