Contraloría advierte irregularidades en designación de Soria como procurador general del Estado

La Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró un informe, emitido por la Contraloría General de la República, donde sostuvo que hay indicios de irregularidad en el proceso de designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado.

“La designación del procurador general del Estado se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo”, se lee en el documento.

Asimismo, advierten que la resolución suprema de dicha designación se emitió sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de Soria.

Requisitos

De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 1326, algunos de los requisitos para ser designado miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado – entre sus integrantes está el procurador general del Estado – son los siguientes:

- Ser peruano de nacimiento y no ser menor de 35 años ni mayor de 70 años.
- Tener un título profesional de abogado y ejercicio profesional no menor a 10 años.
- No haber sido condenado por delito doloso ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública, entre otros.

En el caso del procurador general del Estado, se requiere, además, trayectoria en la defensa jurídica del Estado.

Irregularidades detectadas

Según el informe N.° 002-2022-OCI/0281-AOP, la experiencia de Soria como Asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional de la Defensoría del Pueblo no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado.

“Las competencias y facultades otorgadas a la Defensoría del Pueblo difieren a las que corresponden al sistema administrativo de defensa jurídica del Estado”, apunta la entidad de control.

A esto se le suma que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, envió dos oficios en los que se concluye que Soria fue nombrado como procurador general del Estado sin haber cumplido con el requisito de la trayectoria en la defensa jurídica del Estado.