¿Por qué la Fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Edgar Alarcón?

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó en el 2019 una denuncia constitucional contra los excongresistas Javier Velázquez Quesquén y José Palma Mendoza, y contra el excontralor y exasesor del Gobierno Regional de Arequipa, Edgar Alarcón Tejada, por cohecho pasivo propio.

Según las investigaciones, Velásquez Quesquén y Palma gestionaron aumentar el presupuesto a la Municipalidad de Chiclayo. Esta entidad era administrada por David Cornejo Chinguel, líder de esta organización criminal "Los Temerarios del Crimen”.

Luego, los parlamentarios facilitaron que Cornejo Chinguel se reuniera con el entonces contralor general de la República, Edgar Alarcón. Es por ello que a este último se le acusa de haber recibido S/. 30 mil soles en el 2016, para desbloquear las cuentas del municipio de Chiclayo.

Por otro lado, según la Fiscalía de la Nación el denunciado autorizó diversos pagos por servicios no prestados a la Contraloría General de la República (CGR), ocasionando un perjuicio económico de hasta S/ 490 877.95.

Esta decisión se basó en un informe de auditoría del Órgano de Control Institucional de la CGR, respecto a la administración y custodia de los fondos de caja chica de la CGR por el periodo del 01-01-2013 al 30-06-2017.

Finalmente, la denuncia constitucional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, fue aprobada el 20 de julio de 2021.

Pasó al archivo

Con 47 votos a favor, 0 en contra y 35 absteciones, el Pleno del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra el excontralor Alarcón Tejada.

Posteriormente, se rechazó la reconsideración- suscrita por los congresistas del Partido Morado- con 64 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

Dato

Según el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al investigado Edgard Alarcón, en su condición de Contralor General de la República, se le atribuyó ser autor del delito de enriquecimiento ilícito en su modalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 401, del Código Penal, en agravio del Estado.