La bicameralidad en debate: todo lo que tienes que saber

El pasado 1 de julio, empezó el debate en la Comisión de Constitución respecto al retorno a las dos cámaras en el Poder Legislativo. Este proyecto no solo busca implementar una cámara de Diputados y otra de Senadores, sino que también acarrearía otras reformas políticas que conllevarían a la modificación de 53 artículos de la Constitución. 

Luego de su aprobación el pasado 7 de junio por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Patricia Juarez (Fuerza Popular), con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se decidió enviar el dictamen para su debate y votación en el Pleno del Congreso el día martes 12. La reforma goza del respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza por el Progreso; sin embargo, otras se expresaron en contra como Cambio Democrático y Perú Libre.

¿De qué trata el proyecto de ley de bicameralidad?

La propuesta de la comisión tiene como fin principal dejar la distribución unicameral del Congreso, con 130 congresistas distribuidos por regiones, y retornar al modelo bicameral con 2 cámaras: una cámara de diputados y otra de senadores.

El objetivo de la bicameralidad sería lograr una mayor representatividad política, reforzar el control y equilibrio de poderes, y, mediante una mejorada reflexión legislativa, lograr perfeccionar la calidad de las leyes 

Revisa aquí: ¿Conviene retornar a la bicameralidad?

Por una parte, la cámara de diputados estaría conformada por 130 diputados, elegidos conforme a ley, cuyos requisitos mínimos serían ser peruano de nacimiento, gozar del derecho al sufragio y tener, por lo menos, 25 años de edad. 

Sobre el proceso legislativo, los proyectos de ley ya no serían aprobados en una sola cámara (como funciona en la actualidad), sino que la cámara de diputados sería la encargada de recibir los proyectos y decidir o archivarlos, o aprobarlos para luego remitirlos a la cámara de senadores.

Respecto al control político, esta cámara se dedicaría a las interpelaciones, votar las cuestiones de confianza, censura de ministros, formar comisiones investigadoras y realizar acusaciones a altos funcionarios.

Por otra parte, la Cámara de Senadores o Senado contaría con 60 representantes, también elegidos conforme a ley. Los requisitos para acceder a este cargo público son casi los mismos que para ser diputado, pero este necesita contar, ya no con 25, sino con 35 años de edad. Además también se requiere haber ejercido un cargo de elección popular o tener 5 años de experiencia profesional. 

La función principal de la cámara radicaría en aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley de la cámara de diputados, para luego, de ser el caso, remitirlos al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sumado a ello, el Senado también tendría la potestad de revisar los actos normativos del Poder Ejecutivo (ya sean decretos legislativos, decretos de urgencia o tratados internacionales ejecutivos) y también decidir sobre los casos de Antejuicio o Juicio Político.  

Otro labor especial del Senado se encuentra en la elección de altos funcionarios de diversas instituciones del Estado, entre ellas se encuentran: magistrados del Tribunal Constitucional, tres directores del Banco Central de Reserva, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y la ratificación del Superintendente de la SBS. 

Cabe destacar que la propuesta ha estipulado que la implementación de las dos cámaras no tendrá como consecuencia el incremento del gasto público, sino que el Poder Legislativo seguiría con el mismo presupuesto que maneja en la actualidad.  

También es importante recalcar que, para su aprobación, debido a que es una reforma constitucional, según el artículo 206 de la Constitución requeriría la aprobación de esta con mayoría absoluta y luego ser ratificada por referéndum, o con votación favorable en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. 

Debate sobre los puntos controvertidos del proyecto de ley

La reforma no ha estado exenta de críticas, diversos congresistas han expresado sus opiniones en contra tanto de la bicameralidad en su totalidad, como en algunos puntos específicos. Entre las críticas más relevantes se encuentran el hecho de que dicha reforma había sido rechazada mediante un referéndum en el 2018. 

Sumado a ello, también habría una reelección de congresistas para volver al Poder Legislativo, a pesar que la reelección había sido prohibida por el referéndum antes mencionado. Asimismo se aumentaría el número mínimo de cuestiones de confianza rechazadas para disolver el Congreso de dos a tres, entre otras. 

Al respecto, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, manifestó: “El Perú dijo NO a la bicameralidad en consulta popular. Pero este Congreso busca imponerla a la carrera. El 85% de peruanos NO confía en este Congreso, 88% lo percibe corrupto. En esas condiciones, y sin un extenso debate nacional, la reforma entra de contrabando. No debe pasar”. 

El abogado Javier Albán, en su columna para Perú Legal, menciona que considera que “sería un error pretender aprobar la bicameralidad solo desde el Congreso”. En su opinión, si bien la Constitución permite esa vía de reforma en dos legislaturas, y el referéndum sobre bicameralidad fue hace más de dos años (por lo que la ley ya permite volver a hacer la consulta), el tema sigue siendo delicado. Daría mucho más legitimidad a la reforma el que, de ser aprobada, sea ratificada por referéndum.

En ese mismo sentido, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque mencionó que la aprobación de bicameralidad tendría como consecuencia la reelección congresal sin mayor debate, rompería el equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y generaría un riesgo al incluir a los titulares de organismos electorales como sujetos a ser acusados constitucionalmente. 

¿Alcanzarán los votos?

Para concretar el retorno a la bicameralidad, se requiere de 87 votos a favor en dos plenos de legislaturas distintas. Por el momento, quienes promueven esta iniciativa legislativa no cuentan con ese respaldo.

Dado que Juárez, una miembro de Fuerza Popular, fue la que propuso la iniciativa y también quien archivó el proyecto de ley de referéndum por una asamblea constituyente, existe tensión política.