Yenifer Paredes: ¿Qué consecuencias legales existen por no acudir a la Fiscalía?

El Ministerio Público, mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer que Yenifer Paredes no concurrió a declarar al 6º Despacho de la 1º Fiscalía Anticorrupción de Lima en su calidad de investigada en el marco de un proceso en su contra por el delito de tráfico de influencias. 

¿Quién es Yenifer Paredes?

Pedro Castillo y Liliana Paredes tienen más de 20 años de casados y, actualmente, son la pareja presidencial. Ellos se conocieron desde muy jóvenes, pues ambos estudiaron juntos en la escuela primaria Nº10465 de Puña, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Cajamarca. De su duradera relación tuvieron un hijo y una hija: Arnold (16 años) y Alondra (9 años).  

A pesar de no ser una hija biológica, Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama, es considerada como una para Pedro Castillo y Liliana Paredes, a quienes constantemente, en diversas entrevistas durante campaña, los ha llamado papá y mamá. De ahí que sea relacionada con el círculo más cercano e influyente de la pareja presidencial. 

¿Por qué se le está investigando?

El pasado domingo 3 de julio, el programa Cuarto Poder reveló un polémico video que la ha puesto en el ojo público. En este se veía a Yenifer con un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, la cual ha logrado obtener la buena pro para la recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N.º 220984 (ubicada en la provincia de Cajatambo-Lima), y que está gerenciada por  Jhony Espino Lucana, quien registra hasta cinco visitas a Palacio de Gobierno. 

En dicho video, la hermana menor de la primera dama hablaba con los pobladores de la comunidad de La Succha para decirles que necesitaban censarlos debido a que ella les estaba ofreciendo un proyecto de obras de saneamiento en el distrito de San Miguel. A pesar de las buenas intenciones, ella no esclarece en qué calidad está ofreciendo la obra, es decir, no se conoce si está representando a un privado o al Estado. Sin embargo, dicha actuación, para la Fiscalía, puede ser susceptible de un delito. 

Es así como la Fiscalía decide iniciar una investigación en su contra por el supuesto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal: 

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Sumado a este hecho, otros abogados como Roy Gates o Andy Carrión también han dicho que la Fiscalía también podría acusarla de otros delitos hasta más graves como usurpación de funciones o colusión. Además, el abogado Andy Carrión menciona que no se le podría imputar la figura de negociación incompatible al no ser ella una funcionaria pública.  

¿Qué consecuencias legales podría tener por su inasistencia ante el pedido de la Fiscalía?

Por los hechos ya expuestos, la Fiscalía inició una investigación en contra de Yenifer y la citó para declarar el día de ayer, 13 de julio; a pesar de ello, la “hija” de Pedro Castillo no se presentó. Para el abogado Roy Gates, el hecho que la sobrina de Castillo no concurra a la citación de la Fiscalía, sin justificación, significa que ella no buscaría enfrentar esta investigación, lo cual generaría una obstaculización a la justicia. 

Si bien, ella como investigada no tiene la obligación de declarar en función de su derecho a guardar silencio, si debe concurrir a la Fiscalía para hacérselo saber al fiscal a cargo. De no ser el caso, se originaría una conducta procesal de falta o de ausencia de respeto a la investigación, por lo que el fiscal levantaría un acta de inconcurrencia injustificada que funcionaria como prueba para solicitar una medida de coerción más drástica en su contra. 

Por ello, el hecho de no concurrir es plausible de ser considerada como una conducta de peligrosismo procesal (ya sea por peligro de obstaculización de la investigación preparatoria o peligro de fuga) que acarrearía que el fiscal solicite al juez medidas como una comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, hasta se podría solicitar una detención preliminar que, de ser formalizada, se convertiría en una prisión preventiva.