Expertos afirman que denuncia contra Vizcarra por disolución del 2019 no tiene base
El TC concluyó en un reciente fallo que la denegatoria fáctica de la confianza es contraria a la Constitución. Bajo ese argumento, en el Congreso se ha presentado una denuncia contra Martín Vizcarra por haber disuelto el Congreso en el 2019.
Martín Vizcarra afrontará una nueva denuncia en el Congreso. Esta vez, el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó una acusación constitucional contra el exmandatario por la disolución del Congreso de 2019.
La denuncia alcanza también al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y a los miembros del gabinete ministerial de aquel entonces.
Muñante formalizó esto tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en la que estableció que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza es contraria a la Constitución.
Como se recuerda, el 30 de setiembre de 2019, Vizcarra Cornejo disolvió el parlamento luego que Del Solar hiciera una cuestión de confianza por la elección de nuevos miembros del TC. Unos meses después, el máximo intérprete de la Constitución validó el accionar del exjefe de Estado a través de la sentencia n.° 0006-2019-CC/TC.
Denuncia sin asidero
El abogado constitucionalista Adrián Bazo señala que las sentencias del Tribunal Constitucional de los procesos competenciales no tienen efectos retroactivos en el tiempo; por lo tanto, no sería posible utilizar el último fallo del TC para denunciar un hecho que ocurrió hace años.
“Eso es por el artículo 112 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Como consecuencia de ello, lo que ocurre es que lo que ha decidido hoy el TC cuenta desde ahora en adelante, no cuenta de hoy para atrás”, indicó a Perú Legal.
En el mismo sentido se pronunció el constitucionalista Jorge Jáuregui, quien además considera que no hay relación entre la reciente sentencia del TC sobre la denegatoria fáctica de la confianza y la disolución del Congreso del 2019.
“La denegación de la confianza que se dio en el 2019 no es una denegación fáctica, es una denegación simplemente de la confianza”, detalló a este medio.
Por su parte, el especialista en temas constitucionales, Samuel Abad, aclara que el conflicto que ha resuelto el Tribunal sobre la denegación fáctica de la confianza no puede extenderse a otros casos.
“La controversia que fue resuelta por el TC – respecto a la denegatoria fáctica – tenía que ver por un pedido hecho por el señor Aníbal Torres. Es decir, la sentencia está reducida, restringida a ese caso, no se refiere a otro caso, en ese caso hay que delimitar bien el contenido de esa sentencia”, indicó a Perú Legal.
Mecanismo desnaturalizado
Jáuregui apunta que las denuncias constitucionales son, en esencia, un mecanismo de control político que tienen como fin proteger el régimen democrático. Sin embargo, advierte que el Congreso está utilizándolo como un instrumento de amedrentamiento.
“Hay una afectación gravísima al debido proceso, se está desnaturalizando la acusación constitucional”, recalcó.
En tanto, Bazo considera que impulsar este tipo de acusaciones solo acaba por afectar el principio de equilibrio de poderes.
Ante ello, Abad propone realizar cambios a esta figura, con el propósito de evitar su mal uso y también la impunidad.
“Debería revisarse esto para que los temas de los altos funcionarios no estén en manos del Congreso, sino que vayan directamente a la fiscal suprema y a una sala especial en la Corte Suprema, para que resuelvan de manera independiente e imparcial y no en base a argumentos políticos”, puntualizó.
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