Diseccionando las declaraciones de Jaime Villanueva

A la serie del 05FEB se han puesto sobre la mesa, por partes, dos declaraciones que Jaime Villanueva está presentando ante la fiscal Delia Espinoza en el marco del caso Benavides. 

Estas declaraciones forman parte de un set más amplio que presenta en simultáneo ante la fiscal Barreto en el marco de su propio proceso por colaboración eficaz, delación o clemencia. 

Reparemos en la mecánica: Un canal de televisión organizó una noticia sobre uno o dos fragmentos de la declaración, la parte en que se refería a las relaciones entre Gustavo Gorriti y los fiscales Sánchez y Vela. De inmediato las demandas por conocer el texto entero se hicieron masivas. El resultado, las 23 páginas de esa declaración, la de 30ENE24 empezaron a circular en redes. El 11FEB trasciende un nuevo fragmento de una declaración adicional que el 12FEB aparece entera. Y ya se dice en pasillos que al cierre de estas líneas el set completo está compuesto de 5 declaraciones.

Nuevamente, pasó con Jorge Barata, pasó con Matilde Pinchi, estamos instalando a los delatores en el centro de nuestros debates morales. Enorme error. Los delatores no son un factor de reconocimiento o establecimiento de la verdad. Eso es algo que he sostenido con insistencia, aunque con poco éxito desde que empezó el siglo. Los delatores son personas que eligen entregar a las autoridades información sobre sus crímenes y los crímenes que cometieron otros aplicando a beneficios. El centro de estos procedimientos no está entonces en lo que dicen (que es una oferta) sino en la evidencia que entregan. Por eso los procedimientos perfectos de delación son, por ejemplo, los que sostienen los procedimientos de intervención en flagrancia en embarques de droga: No sabemos si los delató un agente encubierto de la policía o un colaborador eficaz. Las declaraciones son absolutamente innecesarias entre el peso de la evidencia que se obtiene en la intervención de flagrancia. Si esos procedimientos están en un extremo de la corrección del modelo, procedimientos como el de Barata, Pinchi Pinchi y, aparentemente ahora, Villanueva están en el otro extremo, aquel en que los delatores se convierten en una especie de divisor de aguas que concentra la energía de todos los debates sobre crímenes emblemáticos. 

Importante notar que la pieza de origen del caso Walkiria, de esa historia se trata, fueron las imágenes de chats que obtuvo un agente encubierto en el Congreso, no las declaraciones de Villanueva. 

Nuestra historia reciente pone en evidencia, sin embargo, que el proceso es incontenible: Instalaremos a Villanueva en el centro de los debates que ya han empezado sobre el caso Benavides y los que pueden -o no- desprenderse de él.

Las investigaciones de la fiscal Espinoza 

Las investigaciones que sigue la fiscal Espinoza tienen por objeto confirmar si, como sostuvo la fiscal Barreto al iniciar la llamada operación Walkiria, la fiscal Benavides usó o no su puesto como Fiscal de la Nación para tejer una red de influencias en el Congreso que canjeaba ataques a sus adversarios contra exoneraciones de responsabilidad penal concedidas a su pedido. La fiscal Barreto obtuvo revelaciones de un agente encubierto que consiguió impresiones de mensajes Whatsapp que mostraban coordinaciones de ese tipo. La evidencia, insuficiente para anticipar conclusiones definitivas, fue usada por Barreto como evidencia inicial. Cruzada con las líneas de tiempo de los documentos e investigaciones a los que se referían esos mensajes, se produjeron coincidencias que bastaron para intervenir, con autorización judicial, a Jaime Villanueva. Emplazado, Villanueva optó por confirmar los intercambios y contar su propia historia en un procedimiento de colaboración con la fiscalía que aún no termina. La fiscal Benavides fue invitada a renunciar al cargo por los otros dos fiscales que formaban con ella la Junta de Fiscales Supremos. Se negó a hacerlo y arremetió contra la fiscal Barreto, a la que destituyó el día uno de esta historia. Puestas así las cosas, la JNJ la suspendió provisionalmente hasta que los hechos se aclaren.

No puede gobernar las fiscalías quien está siendo investigada por ellas. Al menos no mientras las cosas se aclaren. Esta regla, que encuentro elemental, ya se había discutido en sus fundamentos cuando se organizaron los casos contra Pedro Castillo. Sometido a investigaciones por el fiscal Sánchez, Castillo intentó boicotear al equipo policial que le investigaba, el que dirigían la fiscal Barreto y el coronel Colchado. Por esas interferencias se puso en debate la posibilidad de suspenderlo. Impresiona que la fiscal Benavides, que tuvo un papel innegable en las investigaciones contra Castillo, haya elegido la ruta de las interferencias al verse emplazada por el equipo que antes enfrentó a Pedro Castillo.

Pero la consistencia no es entre nosotros un principio que prevalezca en estos asuntos.

En todo caso la suspensión de la fiscal Benavides solo tendrá vigencia hasta junio. Seis meses no constituyen un plazo confortable para fiscalías que han mostrado dificultades en acomodarse a los requerimientos basados en los calendarios. Pero la tensión que produce tener a la Fiscal de la Nación suspendida no hace recomendable pensar en una ampliación del plazo de la suspensión. Seis meses deben ser suficientes para decidir si el caso contra la fiscal Benavides puede formalizarse ante el judicial, si la Junta de Fiscales Supremos decidirá adelantar las elecciones y reemplazarla y si la JNJ decidirá destituirla o no. 

Importante recordar que la JNJ tiene en sus manos el caso sobre la remoción en el cargo de la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana por liberar en el 2015 a Ruiz Martínez, acusado en Perú por narcotráfico y ahora en Colombia por asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ruiz, que escapó del Perú luego de ser liberado por la sala que integraba la fiscal Benavides, fue capturado en Colombia en mayo de 2022. Antes de ser removida, en julio de 2022, la fiscal Revilla había iniciado el procedimiento para tomar su declaración. El fiscal Terán, que la reemplazó, dejó de insistir en este y otros pedidos semejantes y propuso el sobreseimiento del caso, decisión que ha sido desestimada por el judicial. 

Los seis meses de suspensión impuestos a la señora Benavides deberían ser suficientes para retomar estos pedidos y establecer si los acusados que escaparon del país después de ser liberados por la sala que integraba la señora Benavides tienen o no una historia que contar. 

Imposible dejar de notar el enorme peso que tendrá en esta historia la ley de diciembre de 2023, por medio de la cual el Congreso decidió prohibir a los tribunales usar como prueba exclamaciones convergentes de colaboradores con la fiscalía. Aún estamos a la espera de saber si la actual Junta de Fiscales Supremos demandará o no la inconstitucionalidad de ese recorte injustificado. 

Las declaraciones de Jaime Villanueva 

La atención que han convocado las declaraciones de Jaime Villanueva es absolutamente explicable. Las declaraciones que han sido puestas sobre la mesa entre el 05 y el 11FEB  contiene al menos seis órdenes de asuntos que alcanzan a la señora Keiko Fujimori; al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto y a otros varios congresistas, especialmente a las señoras Moyano y Chirinos; al señor Hernan Garrido Lecca; a Gustavo Gorriti y a los fiscales Sánchez, Vela, Pérez y Ávalos, en este momento fuera de funciones. Para cerrar de nuevo referencias a Pedro Castillo y al caso de los fondos de Perú Libre que ahora incluyen a Dina Boluarte. 

Las referencias dedicadas a cada uno de estos personajes en la declaración es disímil en extensión, en intensidad y en relevancia legal. Pero los nombres están allí y eso, sin duda, basta para que se desaten reacciones de todo tipo.  

De hecho el fuego que se ha abierto por estas referencias tiene direcciones cruzadas y parece desplegarse a discreción. Usando una de estas partes la defensa de la señora Fujimori anuncia que pedirá la nulidad de las investigaciones sobre los fondos empleados en la campaña de 2011. El caso no está bajo investigaciones. Tiene una acusación que ya fue revisada por el judicial y está programado para entrar a juicio. No me queda claro qué pedirá específicamente que se anule la defensa de Fujimori, condición indispensable para calcular qué podrían decidir los tribunales. Pero la expectativa por conocer cómo aterrizarán ese anuncio en su proceso es sin duda enorme. 

Por su parte la JNJ decidió abrir investigaciones por separado a los fiscales Vela, Pérez (contra quien se dirigen las baterías de la defensa de la señora Fujimori) y Sánchez. Ninguno de los tres tiene facultades de gobierno sobre las fiscalías. Vela está suspendido.  Presentó objeciones serias sobre los fundamentos de su suspensión, que se basaron en determinadas críticas hechas en público a una Sala en la que su equipo perdió un caso. Encuentro poco probable que la suspensión sea removida después de las referencias que contiene la declaración de Jaime Villanueva sobre él. No hay una conexión necesaria entre las razones por las que se le suspendió y las declaraciones de Villanueva. De hecho, las referencias a la forma en que se ensambló su suspensión aparecen en otras parte de la declaración, la que describe qué pedían las señoras Fujimori y Moyano a quien entonces era Fiscal de la Nación. 

Sin embargo la JNJ ha decidido investigar las referencias que la declaración contiene sobre él. No hay en su caso algo semejante a las imágenes de mensajes que dieron origen al caso Walkiria. Pero Vela, antes de ser suspendido, tenía a su cargo un equipo de investigaciones con mucha influencia dentro de las fiscalías. Un equipo que aparentemente será atacado por la defensa de la señora Fujimori por el contenido de esas declaraciones. Ya está suspendido, de modo que suspenderlo provisionalmente no tiene objeto.  Pero reponerlo antes que se aclare si las declaraciones de Villanueva sobre él dan pie para un caso de relevancia legal o no sería, por decir lo menos inoportuno.

Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación que mandó a Pedro Castillo a investigación siendo presidente en ejercicio, también ha sido mencionado. Las referencias que se hacen sobre él no me parecen concluyentes: Que no haya estado de acuerdo con el allanamiento al local de Fuerza Popular, que haya respaldado al fiscal Hamilton Castro, el que abrió los casos basados en las primeras declaraciones de Odebrecht, que no haya tenido una buena relación con la fiscal Ávalos o que en su día haya tenido una buena relación con la fiscal Benavides no parecen ser asuntos que conduzcan a nada en particular. El fiscal Sánchez, sin embargo, integra la actual Junta de Fiscales Supremos. Quien recibió las declaraciones de Jaime Villanueva es la fiscal Espinoza, que integra también la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal Villena, que ahora gobierna las fiscalías, no ha sido tocado por las declaraciones. Más allá de mis impresiones, el que haya un asunto por calificar, un tema en manos de la fiscal Espinoza y también de la JNJ crea una escena tensa en un colegiado que debería ahora mismo estar abocado a manejar las secuelas del periodo de la fiscal Benavides. Más allá del desenlace final, la Junta de Fiscales Supremos deberá hilar muy fino aquí. El asunto no tiene precedentes en lo que al fiscal Sánchez se refiere. No muestra la intensidad de otros asuntos incluidos en las declaraciones de Villanueva, pero desde el momento en que la JNJ lo considera algo que investigar debe ser tomado muy en serio. 

El fiscal Pérez, contra quien parecen dirigirse los anuncios de la defensa de la señora Fujimori, es a quien menos se menciona en esta parte. No debe ser para nada confortable que Villanueva sostenga que lo eligieron por lo que llamaré una forma de impulsividad particular. Tampoco que se ventilen en público sus discusiones sobre la forma de mantener su remuneración a pesar del traslado al equipo especial. Pero sobre él la declaración solo tiene anécdotas: Que los fiscales Vela y Sánchez tuvieran en cuenta en determinadas escenas que Pérez podía formar disidencias por asuntos que no se alinearan con su enfoque de lo correcto, que haya decidido el allanamiento del local de Fuerza Popular sin consultarlo con nadie. Todas estas son cosas que pueden gustar a unos y no a otros, pero Pérez no tiene a su cargo ningún puesto de dirección o gobierno, de modo que probablemente esperará la decisión de la JNJ con relativa tranquilidad. 

Ahora claro, qué forma específica tendrá el anuncio de Fuerza Popular en punto a que pedirán que se retire del juicio que empezará en julio es algo que aún debe verse.  

Gorriti en las fiscalías

La parte más llamativa de estas declaraciones, no necesariamente la más relevante en términos legales, pero la más dramática en términos institucionales, pone a Gustavo Gorriti, dentro de las fiscalías, prácticamente en sus pasillos.  

Gorriti es, que aunque no guste a todos, es uno de los principales investigadores sobre temas vinculados a la corrupción en nuestro medio. Rosa María Palacios ha insistido en una idea que comparto: No tiene nada de extraño que un periodista de investigación mantenga una línea de contacto o un espacio de intercambios con autoridades oficiales que investigan hechos de relevancia institucional. Ni los abogados ni los magistrados somos investigadores de hechos. Dependemos de quienes si lo son, sean periodistas, antropólogos, sociólogos o incluso investigadores de equipos formales de inteligencia. No es posible imaginar que investigaciones como las que se han hecho para los casos Lavajato puedan construirse sin encontrar puntos de equilibrio entre varias formas de investigación. Cuando se investigaba el terrorismo de los ochenta se decía mucho que un investigador de Desco, Raúl Gonzales, había abierto una una línea de cooperación con las autoridades de este tipo. Tampoco gustó a todos la noticia. 

Las líneas de cooperación entre periodistas de investigación, observadores de procesos políticos y la procuraduría que formó José Ugaz a principios de este siglo estuvo, sin duda, en el centro de la organización de los casos que entonces se presentaron. El problema no está ahí. 

En el caso de Gorriti el problema está en dos referencias que merecen explicaciones: Hay un fragmento en las declaraciones de Villanueva en que se registra un incidente entre Hamilton Castro, el primer fiscal que se encargó de los casos Odebrecht y Gustavo Gorriti. En ese fragmento el fiscal Castro aparece quejándose de lo que podemos describir como cierta prepotencia atribuida al periodista. No encuentro problema en que Gorriti haya sugerido el contrato con Lenz, una suerte de enlace que debería haber permitido relacionar a las fiscalías con el material hallado en el exterior.  La procuraduría de Ugaz tuvo también problema de enlace, pero los resolvió a partir del estupendo trabajo que hizo entonces una abogada interna, de origen peruano alemán que además era experta en finanzas. La visita de Pérez a casa de Gorriti tampoco parece quebrar los términos usuales de relación autoridades de investigación-fuentes. Creo que quienes conocemos de estas cosas sabemos que Gustavo Gorriti trabaja en una suerte de búnker en el que protege ss información y sus principales reuniones de interferencia externas. 

La cuestión sin embargo en que se inscribe este capítulo que se define por la notoria ausencia de una política equilibrada y explícita de relación con medios dentro de las fiscalías. La parte verdaderamente dura de los fragmentos que se refieren a Gustavo Gorriti hacen referencia a supuestos intercambios de información basados en objetivos. Un evento en concreto, una ligazón entre el impedimento de salida que en su día se impuso a García Pérez y determinada escena reputacional, una foto incómoda en un local abierto al público, aparentemente mitigada en base a la relación que Vela y Gorriti pueden haber desarrollado en el proceso. Esa es la escena que resulta incómoda y merece una explicación clara. Pero insisto, merece además una solución definitiva a un problema que aún no se aborda institucionalmente: Las fiscalías no tienen una política propia de comunicación y relación con medios. Y la audiencia de esa política crea un vacío en la vocería institucional, que ahora depende del posicionamiento personal de los fiscales y una serie de asimetrías que se relacionan con la facilidad con que determinados documentos, imposible no poner en la lista el acta de la declaración de Jaime Villanueva, llegan a ser publicadas antes de hacerse públicas por conductos regulares. 

Esta parte de las declaraciones de Villanueva no conduce a una discusión sobre delitos ni razones para anular procesos. Pero merece una respuesta institucional. Y esa respuesta institucional es un plan de relacionamiento entre las fiscalías y los medios que detenga, de una vez por todas, cualquier filtración que pueda politizar procesos que requieren condiciones institucionales mas equilibradas para desarrollarse.  

A modo de colofón 

La declaración de Villanueva el 30ENE con que comenzó este debate tenía cinco órdenes de cosas. La que se publicó la noche del DOM11 agrega uno adicional: (1) la forma en que se movieron las relaciones de la Fiscal Benavides con la señora Keiko Fujimori; (2) las relaciones de Benavides con los congresistas Soto y Balcázar, y con el llamado “africano”; entre varias otras: (3) las relaciones que Villanueva atribuye al fiscal Vela con el abogado de la jueza Benavides y con Gustavo Gorriti; (4) una serie de referencias a eventos de pasillo de tiempos del fiscal Sánchez en las que aparece nuevamente Gustavo Gorriti; (5) más eventos de pasillo de tiempos de la fiscal Ávalos y (6) la supuesta intervención del fiscal Vela en el caso por lavado de activos en Perú Libre a favor de Pedro Castillo y de Dina Boluarte.

Si usamos como descriptor “influencias” los relatos de estos cinco paquetes de hechos relatados el más abundante (incluso en espacio y detalles) se refiere a la señora Fujimori y su entorno.

La pieza es de interés, eso es evidente. Pero no es un testimonio que baste para dar por cerradas ningunas de estas 5 historias. 

No olvidarlo: las delaciones no se “cierran” por los testimonios que se presentan sino por las evidencias que se entregan a las autoridades. 

Este caso está en manos de la fiscal Delia Espinoza, que actúa libre de toda subordinación a terceros. Dejemos espacio para que ella tome una decisión equilibrada sobre cuáles de estos cinco paquetes de referencias tienen relevancia legal y hasta donde corresponde discutir estas historias como historias verosímiles.