¿Qué beneficios puede recibir un colaborador eficaz?
Karelim López busca recurrir a esta herramienta legal
Karelim López, la aspirante a colaboradora eficaz, ratificó -en la Comisión de Fiscalización del Congreso- que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación todavía debe verificar sus declaraciones.
¿Cómo funciona esta herramienta legal? A continuación, aclaramos algunas dudas al respecto.
La colaboración eficaz es un proceso especial reconocido en el Código Procesal Penal y su reglamentación fue establecida mediante el Decreto Legislativo 1301. Según información del Ministerio Público un colaborador eficaz, "es la persona sometida o no a una investigación o proceso penal, o que ha sido condenada, que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el Fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales".
Este proceso autónomo puede ser resumido de la siguiente manera:
El interesado solicita al fiscal acogerse al procedimiento de colaboración eficaz, el fiscal debe verificar las condiciones y requisitos; finalmente realiza entrevistas y reuniones para acordar la procedencia de los beneficios con el colaborador y su abogado.
De acuerdo con el artículo 473 del Código Procesal Penal, las personas que cometen delitos como lavado de activos, terrorismo, corrupción de funcionarios y otros delitos vinculados, principalmente, al crimen organizado; pueden acogerse a la colaboración eficaz.
Asimismo, los jefes y cabecillas de una organización criminal también puedan ser incluidos en el proceso. Algunas de las condiciones son:
-Haber abandonado voluntariamente las actividades delictivas
- No contradecir los hechos en que ha intervenido o se le imputan
- Mostrar disposición de proporcionar información eficaz
Dentro de los beneficios, el o la colaboradora eficaz puede recibir la exención de la pena, la remisión de la pena (para quienes ya cumplen una pena en prisión), la reducción de la pena o la suspensión de la ejecución (en el caso de condenados). Sin embargo, no se cambia el delito o se anula una condena.
En esta instancia, el Ministerio Público debe controlar las obligaciones impuestas que pueden ser:
-Informar de todo cambio de residencia
- Presentarse cuando el juez o fiscal lo solicite
- No salir del país sin previa autorización judicial
- Cumplir con las obligaciones contempladas en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento
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