Proponen que personas con celulares robados no puedan realizar trámites

El congresista Alfredo Pariona (Perú Libre) ha presentado un proyecto de ley en el que propone que las personas que adquieran o utilicen celulares provenientes del delito estén impedidas de realizar trámites civiles, además de establecer agravantes para el delito de receptación.

Según indica, la finalidad de esta iniciativa es combatir la receptación de teléfonos celulares en el país y dictar medidas que desalienten su alta compra.

Al respecto, el Código Penal, en su artículo 194°, actualmente sanciona el delito de receptación de la siguiente forma:

“El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días-multa.”

En el proyecto de ley, el parlamentario plantea que la pena por dicho delito, en su forma agravada (artículo 195° del Código Penal) sea no menor de seis ni mayor de diez años si concurren dos circunstancias agravantes.

“Se ha diseñado (en el proyecto), una nueva agravante para el delito de receptación, aplicable en el caso concurran dos agravantes específicas (…) tal es el caso, por ejemplo, del que vende equipos de telecomunicación provenientes del delito o autopartes de vehículos automotores”, apunta.

Imposibilitados de hacer trámites

Sobre la prohibición de realizar trámites civiles, esto sería por el plazo de un año, aplicable a aquellos ciudadanos que adquieran o usen sus chips en teléfonos celulares con IMEI alterado.

Los trámites a los cuales estos ciudadanos estarían impedidos alcanzan a aquellos que se realizan ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), realizar viajes al interior y exterior del país, y en general todo trámite ante la administración pública.

“Proponemos una especie de muerte civil para aquella persona que compre o use celulares con IMEI adulterado, lo que significa que es proveniente del delito”, señala Pariona.

Como disposición complementaria final del proyecto de ley, se plantea que el Ministerio del Interior, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, apruebe el reglamento de la norma.