TC admitió a trámite demanda contra ley que interpreta la cuestión de confianza

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite de forma unánime la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31355, la cual interpreta la cuestión de confianza.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 105° del Código Procesal Constitucional, ahora se procederá a notificar la resolución al Congreso de la República, el cual tendrá 30 días hábiles para contestar la demanda.

Con la decisión adoptada por el organismo constitucional, el magistrado Eloy Espinosa – Saldaña será el ponente del caso. Asimismo, con los argumentos de todas las partes, elaborará una ponencia y esta será planteada al resto de integrantes del TC, quienes resolverán si la demanda es declarada fundada o no.

Espinosa – Saldaña ya había adelantado en declaraciones a Exitosa que la demanda del Ejecutivo cumplía con las cuestiones formales, dando cuenta que sí iba a ser admitida a trámite.

En otro momento acotó que, si se plantea declarar fundada la demanda – es decir, darle la razón al Ejecutivo – se necesitarían cinco votos a favor. Esto se da en atención al artículo 5° de la Ley Orgánica del TC que estipula que “para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley (…) se exigen cinco votos conformes.”

Cabe recordar que actualmente solo hay seis magistrados de siete, ello tras el fallecimiento de uno de los integrantes del TC, Carlos Ramos.

¿Qué dice la Ley 31355?

La norma establece que el Ejecutivo solo puede plantear una cuestión de confianza en temas relacionados directamente a concretar su política de gobierno.

Sin embargo, no podrá plantear este recurso respecto a temas relativos a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas del Congreso y otros organismos autónomos.

Además, para que surta efecto la decisión que adopte el Congreso – sobre si aprueba o no la cuestión de confianza – esta tendrá que ser comunicada al Ejecutivo mediante un oficio.

Puesto que esta iniciativa fue aprobada por insistencia por el parlamento, el Ejecutivo optó por solicitar ante el TC que esta sea declarada inconstitucional, alegando que no es posible restringir los alcances de la cuestión de confianza.