24 Jun 2022 - 20:25

      Gobernador de Loreto exige derogatoria de Ley PIACI

      Propuesta vulnera los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial

      El gobernador de Loreto se muestra a favor de vulnerar los derechos de los PIACI | Crédito: Composición Perú Legal

      Quieren dejarlos desprotegidos. La Ley N° 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI) fue aprobada en el 2006 por el Estado peruano y ahora, el Gobernador de Loreto junto a otros servidores públicos están demandando su derogatoria.

      Según datos del Ministerio de Cultura, en Loreto existen 1,642 localidades pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios. Entre ellos están los awajún, bora, chamicuro, chapra, matsés, muniche, entre otros.

      El documento “Manifiesto de la Región Loreto, Exigimos derogatoria Ley N° 28736 –Ley PIACI”, lleva la firma del gobernador Elisbán Ochoa Sosa, quien es investigado por el Ministerio Público por formar parte de una presunta organización criminal.

      En el oficio se indica que existen “verdaderos pueblos indígenas” a quienes el Gobierno Regional y estos grupos dicen representar. Sin embargo, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), señala que este pedido obedece a intereses particulares de grupos económicos que buscan depradar los bosques.

      Estos grupos "niegan la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento en la región Loreto y en otras regiones, a pesar que desde hace más de tres décadas se ha reconocido la presencia y existencia de los PIACI en las áreas más remotas", señalan desde ORPIO.

      Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también ha rechazado y condenado el documento firmado por el gobernador de Loreto.

      "Al mencionar al “pueblo de Loreto” y a los “verdaderos pueblos originarios”, el manifiesto desconoce su diversidad y refleja que los firmantes son en realidad un grupo que no tiene aproximación a la mayoría de las comunidades y a sus organizaciones representativas. Más bien incluyen a una federación con tan solo tres comunidades afiliadas, de las que 2 de sus dirigentes serían supuestos implicados en una presunta red criminal de tala ilegal investigada por la Fiscalía y que se encuentran prófugos (Los Duros del Amazonas), según información periodística", resaltan.

      Ambas organizaciones solicitan que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no sean cómplices de esta amenaza que pondría en grave peligro a los pueblos originarios del país.