Proponen otorgar beneficios laborales a repartidores de delivery por aplicativos

Actualmente, las personas que trabajan en el servicio de delivery por aplicativos no cuentan con derechos laborales.

Para trabajar como repartidor en uno de estos aplicativos, la persona solo debe tener un celular smartphone, llenar un formulario, acreditar la veracidad de la documentación que presente y, tras ello, se le otorga una cuenta para que comience a laborar de manera independiente.

De forma expresa, el aplicativo de delivery estipula que, al solo prestar un servicio de intermediación en calidad de tercero, no se hace responsable de cualquier accidente que tenga el repartidor, por lo cual estas personas ven desprotegidas en todo sentido.

A raíz de ello, en el Congreso se han presentado iniciativas para formalizar a estos trabajadores o al menos darles beneficios. En la presente legislatura, ahora la bancada de Acción Popular busca reabrir la discusión sobre este tema.

Contarían con seguro de salud

Mediante el proyecto de ley N.° 667/2021-CR, la agrupación de la lampa plantea una alternativa de regulación a la relación entre el servicio de delivery por aplicativo y el repartidor, la cual se denominaría “Trabajo Digital Independiente” y sería de carácter especial al no encontrarse dentro de los alcances de las leyes laborales vigentes.

Un punto por resaltar de esta iniciativa es que los repartidores gozarían de cobertura de salud y aportarían al sistema de pensiones; además el titular de la plataforma estaría en la obligación de contratar pólizas de seguros para que el delivery pueda llevar a cabo sus actividades, según el riesgo que implique el trabajo.

De igual forma, se propone que, de forma quincenal o semanal, se paguen las comisiones al trabajador y se le otorgue una constancia de los pagos.

Por otra parte, el proyecto plantea que se establezca un límite máximo para la jornada diaria semanal, de tal forma se garantizaría un descanso adecuado.

Los titulares de la plataforma digital estarían prohibidos de modificar las tarifas de servicio de manera unilateral, además la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tendría la potestad de fiscalizar los servicios que brindan.

Ahora solo queda esperar que el proyecto sea derivado a la Comisión de Trabajo, donde se evaluará si hay un dictamen favorable o se archiva. De ser lo primero, la decisión final quedaría en manos del pleno del Congreso.