Las Bambas: Las consecuencias de declarar estado de emergencia

Enfrentamiento. El Gobierno decretó el estado de emergencia por 30 días calendarios en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.

Disposición fue publicada este miércoles en el diario oficial "El Peruano", según el Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM.

Los distritos rodean la mina de cobre MMG Las Bambas, donde las comunidades decidieron ocupar los terrenos desde hace 13 días.

Las operaciones de la empresa están detenidas desde el 20 de abril, y se puede observar cómo las personas se han instalado en la propiedad armando tiendas de campaña.

La medida del Poder Ejecutivo, que limita los derechos constitucionales de las personas, se oficializa en medio de rumores de la empresa de iniciar un desalojo este miércoles. Aunque Carlos Castro, jefe de asuntos corporativos dijo que este tema, "todavía está en proceso de decisión".

En el lugar también se encuentran mujeres, niños y ancianos. Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba dijo a OjoPúblico que la declaración del estado de emergencia los tomó por sorpresa. Por ahora, esperan los resultados de los diálogos con el Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe resaltar que hay comunidades que tienen pedidos particulares como el caso de Choaquere, quienes reclaman hectáreas como suyas. En este caso, también se ha solicitado que el Estado cumpla con aplicar la Ley de Consulta Previa y que sean consideradas como zona de influencia directa y el pago real sobre las 123 hectáreas que está usando la empresa.

Se sabe que la Policía Nacional de Cusco ya envió un contingente policial de 150 personas al distrito de Challhuahuacho. Ellos esperan la orden de desalojo.

Las consecuencias

El Observatorios de Conflictos Mineros en el Perú resalta que antes de hacerse pública la declaratoria de emergencia, la comunidad de Fuerabamba emitió un pronunciamiento en el que señalan que hacen "responsable a la empresa minera Las Bambas y las autoridades del Estado de cualquier abuso policial o costo social que se pueda ocasionar contra nuestra comunidad como producto de la represión a nuestra justa lucha".

Ante el futuro inicio del conflicto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado dirigido al Jefe del Frente Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa, en el cual se confirma la solicitud de la empresa Las Bambas una diligencia de defensa posesoria para recuperar los terrenos tomados por los comuneros.

En dicho documento la Defensoría recomienda que se garanticen los derechos de los manifestantes y recordó que el Ministerio de Energía y Minas se comprometió con resolver a tiempo las demandas de las comunidades en un espacio de diálogo.