Congreso propone crear un impuesto del 4 % para los Airbnb

Hoy en día existen plataformas digitales donde las personas pueden ofrecer en alquiler sus habitaciones, departamentos o viviendas por un corto periodo de tiempo, ya sean días o semanas. Algunos de los más populares son Blue Corner y Airbnb, los cuales están disponibles en Perú.

Recientemente, la congresista Dina Calle (Podemos Perú) ha propuesto crear un impuesto del 4 % para estos servicios, al cual ha denominado impuesto de estadía corta, que comprende un periodo de hasta 30 días.

La legisladora plantea, a través del proyecto n.° 5599/2022-CR, que el pago del impuesto se efectúe de manera automática en la cuenta bancaria de la municipalidad del distrito en el que se encuentre el inmueble.

En la iniciativa también se propone una serie de obligaciones que los anfitriones tendrían que cumplir por ley, además faculta a la municipalidad distrital que corresponda a realizar inspecciones y fiscalizaciones al inmueble.

Poco sustento

Andres Devoto Ykeho, abogado especialista en políticas urbanas y municipales, considera que este proyecto de ley no es claro en su contenido y tampoco se sustenta cuál es el beneficio de crear este nuevo impuesto.

"No veo una sustentación sólida, no veo evidencia ni costo beneficio o impacto regulatorio, solo menciona que no se cobra y por ende acá hay que cobrar, ya que en otros países lo hacen. No hay una investigación más seria de cuánto se puede recaudar, cuál es el estado del negocio del turismo o cómo reactivarlo", indicó a Perú Legal.

Asimismo, advierte que esta iniciativa podría desincentivar el uso de estas plataformas.

"En el sector turismo todos son importantes, incluido el sector hospitalidad, pero al fin y al cabo este tipo de propuestas tributarias terminan encareciendo el precio de este tipo de hospedajes. Lo que queremos es que haya más oferta y no restringirla”, sostuvo.

Comenta además que las regulaciones que hay en otros países no necesariamente deben aplicarse acá de manera exacta. Por otra parte, consideró que un punto interesante del proyecto son las fiscalizaciones que tendrían a su cargo los gobiernos locales, ya que la compañía Airbnb en sí no las realiza.