Abogado Summa Cum Laude por la Universidad de Lima, con especialidad en solución de controversias y gestión pública. Candidato a Magíster en Derecho Administrativo Económico en la Universidad del Pacífico. Actualmente es asociado del Estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, se encarga del área de derecho público económico.
En la primera parte de esta columna nos hemos aproximado al concepto de bien común entendiéndolo como el punto de encuentro de los valores y objetivos de una sociedad. En sentido figurado, el bien común es el gran puente que nos une mientras se sostiene sobre normas que, aunque no han sido escritas (unwritten rules), respetamos porque entendemos que son necesarias para una vida más armónica.
Cuando esas reglas no escritas se transgreden, las consecuencias pueden ser las siguientes: a) en vista que la confianza se ve debilitada, las normas se endurecen y se tornan aún más complejas con el fin de evitar futuras transgresiones; b) al no haberse previsto en el ordenamiento jurídico una sanción para la conducta, los transgresores suelen quedar impunes, se benefician económicamente y le trasladan los costos al resto de la sociedad.
Respecto al primer escenario, traigo a colación la regulación de octógonos nutricionales tras décadas de venta (muchas veces inescrupulosa) de alimentos dañinos para la salud sin la debida advertencia al consumidor (sobre todo en niños, niñas y adolescentes). Hoy en día, tanto la normativa sectorial del MINSA como la jurisprudencia del Indecopi es clara al respecto y establece una serie de medidas que, mientras algunos celebran por preservar la salud pública, otros rechazan por draconianas y paternalistas.
En cuanto a lo segundo, recordemos el caso de los químicos PFOA (también conocido como C-8), sustancia tóxica y cancerígena que, desde la década de los cincuenta, fue usada por DuPont para la manufactura de las famosas sartenes de teflón (entre otros productos de uso cotidiano) envenenando a miles de trabajadores de su fábrica y contaminando las principales fuentes de agua de West Virginia, Estados Unidos. En un famoso proceso judicial contra DuPont, el abogado Robert Billot logró demostrar que, pese a que el químico no estaba prohibido por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), la empresa tenía conocimiento de su alta peligrosidad (hay decenas de memos al respecto desde 1950 hasta el año 2000) y persistió en su uso debido a las ganancias billonarias que le venía generando. Finalmente, DuPont suscribió un acuerdo indemnizatorio por US$670 millones con el primer grupo de 1500 víctimas que lo llevó a la corte, aunque nunca recibieron sanciones penales al respecto y, pese a la gravedad del asunto, las multas impuestas por la EPA no han superado los US$16 millones (lo que a todas luces no resulta proporcional al daño producido).
Los octógonos y las sartenes de teflón de DuPont son ejemplos de las transgresiones al bien común. En uno las leyes se vuelven más estrictas y en otro el actor sale impune. Foto: Difusión
Por otro lado, no hay que perder de vista otra consecuencia importante de las transgresiones al bien común: durante el periodo de tiempo (a veces demasiado extenso) en que el derecho se pone al día con la realidad para la nueva regulación (y mientras determinada conducta no sea punible) suele generarse una escalada de acciones que ecualizan el fenómeno transgresor. Una especie de mensaje implícito que le dice a la comunidad: “haga lo que desee porque acá todos lo hacen”. Ya lo advertía Wilson & Kelling (1982), al señalar que una ventana rota sin reparar es una señal de que a nadie le importa, por lo que romper más ventanas no cuesta nada. Es decir, mientras no haya sanción ejemplar que sirva de desincentivo (deterrence) ni una reparación de por medio, las conductas que deberían ser punibles se repiten.
Hace tan solo unas semanas fuimos testigos de la confirmación de un secreto a voces cuando Frances Haugen, ex gerenta de producto de Facebook, denunció que la empresa prioriza las ganancias económicas por encima del bien común al permitir que sus plataformas sean un vehículo de odio, violencia y desinformación (Duffy, 2021), todo ello mediante el diseño y puesta en práctica de algoritmos a sabiendas nocivos para la colectividad, en claro aprovechamiento del vacío regulatorio. Menudo escándalo que dio mérito a una citación de Haugen en el Congreso de los Estados Unidos además de motivar –en paralelo- un duro golpe en la cotización bursátil de la empresa.
Lo más probable es que estos hechos generen una nueva y engorrosa legislación a futuro que limite el campo de acción (e inversión) de la Big Tech en pro del interés público. No obstante, por esta ocasión, parece que Facebook esquivará cuanta sanción imaginemos, se habrá beneficiado tremendamente de sus actos y terminará por dejar un campo minado de nuevos costos para el resto del mercado, tales como normativas orientadas a promover la difusión de información “confiable”, sancionar la producción de fake news, proscribir el uso de determinados algoritmos que puedan ser perjudiciales para la sociedad, limitar realmente el acceso de menores de edad a las redes sociales y un largo etcétera, con el enorme reto que lo enunciado pueda suponer para la libertad de expresión, el respeto por la pluralidad de pensamientos y el acceso igualitario a la información digital.
En una entrevista reciente, Haugen literalmente ha implorado al gobierno que intervenga: “Cuando nos dimos cuenta de que las empresas tabacaleras estaban ocultando los daños que causaban, el gobierno tomó medidas (…) Cuando nos dimos cuenta de que los automóviles eran más seguros con cinturones de seguridad, el gobierno tomó medidas. Y hoy, el gobierno está tomando medidas contra las empresas que ocultan pruebas sobre los opioides. Les imploro que hagan lo mismo aquí”». (CNN, 2021, Redes sociales, párr. 8).
En respuesta a ello, la reacción tanto de representantes republicanos como demócratas nos indica una pauta de lo que se viene: “Los niños de Estados Unidos están enganchados a su producto. Existe un conocimiento cínico por parte de estas grandes empresas de tecnología de que esto es cierto", declaró el senador por Mississippi, Roger Wicker (R); "Creo que vamos a mirar hacia atrás en 20 años y todos vamos a estar como 'en qué demonios estábamos pensando' cuando reconozcamos el daño que le han hecho a una generación”, agregó su colega de Alaska, Dan Sullivan (R) en clara alusión a las redes sociales; mientras que Blumenthal de Connecticut (D) deslizó que la Big Tech estaría a punto de enfrentar un paquetazo regulatorio similar al que se le diseñó a la Big Tobacco en su momento (DW, News, 2021).
Frances Haugen, ex gerenta de producto de Facebook, denunció que la empresa prioriza las ganancias económicas por encima del bien común. Foto: AFP
De pronto cuando se pregunten a qué se debe tanta regulación sobre una materia, tal vez resulte oportuno investigar si no fueron acaso severas transgresiones al bien común las que justificaron su formulación. Al fin y al cabo, resulta evidente que nos encontramos ante un principio que procura una vida en sociedad más sencilla y cuya transgresión termina por generar la necesidad de tomar medidas que suelen ahogar al ciudadano en un mar de costos, los costos de la confianza perdida.
Finalmente, hago hincapié en que el bien común no debe ser entendido como una idea abstracta o mera utopía, sino como el punto de encuentro de nuestros valores y objetivos comunes, los cuales son más simples de lo que las polaridades retratan: procurar para uno y los demás una vida digna, sana, libre, a salvo de perjuicios de diversa índole, encontrando el adecuado equilibrio de la justicia, labor que no es nada sencilla, pero que nos aboca.
Referencias: