Congresistas cobrarán más por mes: ¿Es delito aumentarse el sueldo?

El 6 de octubre del 2021, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso, recibió un proyecto de ley que ampliaba las excepciones para recibir 2 sueldos por parte del Estado. Inicialmente, solo se permitía recibir un sueldo y una pensión por docencia por parte del Estado. En el 2013, la excepción se amplió para militares o policías en retiro que brindaran servicio de seguridad y en el 2017 se amplió para servicios administrativos.

El proyecto, presentado por la congresista Maricarmen Alva de Acción Popular, buscó volver a extender la excepción, esta vez a todo tipo de servicios y en todas las áreas del Estado. La Comisión que recibió este proyecto estaba presidida por el congresista José Williams, militar en retiro, tenía como secretario al congresista Jorge Montoya, también militar en retiro, y estaba integrada por 3 congresistas más quienes también son militares o policías en retiro. Estos 3 últimos son los congresistas José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín. En el caso de los militares, el aumento significó S/8,500 mensuales.

Para el policía en retiro implicó S/ 2,500 mensuales. Este fue el agregado a los 26 mil soles que ya reciben los congresistas entre sueldo, asignaciones y bonos. En resumen, los referidos congresistas tenían que evaluar si debían aumentarse el sueldo a ellos mismos.

¿Cómo los congresistas aprobaron el aumento de beneficios salariales?

La Comisión no solo apoyó el proyecto, sino que amplió incluso más sus beneficios. Agregó expresamente al proyecto de ley que la excepción de cobrar doble sueldo "es aplicable a los cargos públicos de elección popular", es decir, a los congresistas. Pero nuestros padres de la patria pensaron en todo y anticiparon que el cobro de sus 2 sueldos podría tener alguna restricción por el Decreto de Urgencia 38-2006 que fija un tope de ingresos mensuales de S/ 15,600 para el 2024. Por supuesto, esto no problema para los pensionistas, pero sí para los congresistas. Por eso, agregaron en el proyecto de ley que el Decreto de Urgencia 38-2006 no se les aplica a ellos y problema olvidado.

Para sorpresa de nadie, todos los beneficiados votaron a favor de que el proyecto de ley se discuta en el pleno. Lo hicieron sin consultar al MEF, a pesar de que así lo había recomendado el Ministerio de Trabajo y la Caja de Pensiones Militar-Policial cuando fueron consultadas por la Comisión. El 28 de abril del 2022, el pleno discutió la ley y amplió los beneficios a los funcionarios de confianza.

La ley fue publicada el 14 de mayo del 2022 y gracias a ella actualmente los congresistas José William, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín cobran doble sueldo. ¿Hasta cuando vamos a tener congresistas que continúen legislando intereses propios? Esto ya ha pasado antes. A inicios del 2023, el congresista Alejandro Soto promovió la ley 31751 que cambiaba las reglas de los procesos penales (ley de suspensión de la prescripción penal), coincidentemente, a su favor y el de otros, como Vladimir Cerrón.

La ley fue publicada en mayo del 2023 y en julio, Soto obtuvo un fallo favorable, e irrevocable, que archivó el proceso penal que tenía en su contra. En abril del 2022, el congresista José Arriola propuso una ley, luego aprobada por el pleno, que benefició al partido que integra, Acción Popular, para inscribir sus candidatos a la alcaldía de Lima y distritos.

En el 2023, congresistas cuestionados por corrupción e investigados por la Fiscalía también han intentado que se restituya la inmunidad parlamentaria o que no puedan ser investigados por la Comisión de Ética. En el mismo año, el congresista Paul Gutiérrez también intentó cambiar la ley sobre pensiones alimenticias incorporando las excepciones que previamente alegó en un proceso civil pero que el Poder Judicial desestimó. Sorprendentemente el Código de Ética Parlamentaria no restringe la participación o votación de congresistas en leyes que los beneficien directamente. Solo para casos de intereses económicos, exige que "deberá hacer explícita" (no abstenerse) tal vinculación.

¿Qué delitos implicaría que los congresistas se suban el sueldo?

El Código Penal tampoco los toca. A pesar de que la ley penal sanciona a los funcionarios desde aquellos que omiten o demoran realizar sus labores hasta los que se apropian de patrimonio público, no hay ley penal explícita que sancione a los congresistas que promueven, modifican y voten a favor de una ley buscando su beneficio propio. El delito más cercano podría ser el de patrocinio ilegal pero su pena es bastante leve (no más de 2 años), su prescripción rápida (entre 4 y 9 años). La Corte Suprema no ha regulado que el patrocinio ilegal se pueda aplicar contra funcionarios que promueven intereses propios. Solo se conoce una decisión, de la jueza Maita Dorregararay, que sí incluye los intereses propios en este delito, pero ha sido emitida a nivel de Corte Superior (resolución del 30 de mayo del 2012 en el exp. 21-2011).

Sin duda, seguiremos teniendo noticias de leyes propuestas o aprobadas por congresistas que buscan su beneficio propio. Esto no cambiará hasta que el Código Penal o el Código de Ética Parlamentario regulen estas conductas de manera explícita, pero para ello también dependemos del Congreso. El gato de despensero.