Defensores ambientales asesinados: ¿Qué se está haciendo mal?, por Ximena Mejía Castro

"El año pasado he sido amenazado de muerte aun teniendo medidas de protección", confiesa el Apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El también responsable del trabajo de defensa de los defensores indígenas, asegura que las garantías de vida que otorga el Estado, en la práctica, no tienen ningún sentido.

Una semana antes de terminar el mes de marzo se identificaron cuatro casos de crímenes contra las comunidades indígenas.

El domingo 20 se reportó el asesinato de Juan Fernández Huánuco, promotor de la reforestación en Madres de Dios, mientras que, el martes 22 se confirmó el asesinato de tres comuneros de los pueblos Ashaninka y Tanesha de la región Huánuco: Jesús Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides de la Cruz y Gemerson Pizango Narvaes.

Antes de ocurrir estos asesinatos, se denunció ante las autoridades las amenazas de muerte que venían recibiendo. Pero esto no fue suficiente.

El Apu Guimaraes dice sentirse preocupado ya que la mayoría de denuncias terminan archivadas, incluso teniendo pruebas suficientes como para continuar con la investigación.

En octubre se cumplirá dos años desde que el Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó la creación del “Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”. El cual permite gestionar información sobre inminentes situaciones de riesgo para orientar acciones de prevención y protección de estas personas.

Sin embargo, según datos recogidos por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se han elevado a 14 el número de defensores ambientales asesinados en el país.

Para Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, no se están haciendo los esfuerzos suficientes para detener estos crímenes.

"Pedimos investigaciones inmediatas y excautivas, independientes e imparciales tal como rige en los estándares de derechos humanos. No se están dando las medidas de protección necesarias, no hay protocolos para la actuación del Ministerio del Interior ni hay recursos para la protección a los defensores ambientales".

Este protocolo, señala Navarro, se debe basar en medidas de protección diferenciadas.

"Primero, tener recursos para implementarlo, luego poder brindar formación especial a la Policía Nacional y, que las medidas de protección se establezcan de forma diferenciada. No es lo mismo hablar de mujeres, hombres, pueblos indígenas, una comunidad en la selva o en la sierra", aclara.

La ley y los defensores ambientales

Andrea Bernal Chávez, encargada del área legal del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), explica por qué las normas que deberían proteger a los defensores ambientales son desarrolladas de manera incorrecta.

"Creo que el problema no es la aplicación, sino también la forma en la que están planteadas las normativas nacionales. En el caso de pueblos indígenas es muy limitante la forma en la que está dirigida, que es a la defensa individual, cuando los pueblos indígenas trabajan colectivamente. (Las normas) Pensadas con una visión urbana, hacen que no se pueda cumplir con una efectiva protección a los defensores ambientales".

El 22 de abril del 2021 se creó el "Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos". Esta herramienta legal obliga a la policía a intervenir cuando hay una situación de riesgo real, se brinda protección y se accede a la justicia.

Carlos Quispe Dávila, especialista legal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) explica que, esta oleada de asesinatos a defensores ambientales se incrementa cada vez más debido a la impunidad que existe.

"No se puede implementar una herramienta normativa si no se ha dimensionado el problema. Debemos empezar a ver esto como un crimen organizado".

Sin derecho a consulta previa

Según el último informe de Global Witness sin el reconocimiento formal de los derechos de las comunidades indígenas sobre su territorio, al menos el 16% se enfrenta a un alto riesgo de degradación causada por agronegocios e industrias extractivas.

Sin embargo, recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) señaló que el derecho a la consulta previa "no tiene carácter de derecho fundamental" y tampoco un "rango constitucional".

En el Perú, la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), señala que se deben consultar medidas o decisiones de las autoridades públicas que puedan afectar los derechos o condiciones de vida de los pueblos indígenas.

La Defensoría del Pueblo calificó el fallo del órgano de control como un "grave retroceso en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas". Ahora, las comunidades campesinas del distrito de Juli, provincia de Chucuito en Puno se encuentran en huelga mostrando su rechazo frente a un TC que permite concesiones mineras en su territorio.

¿Por dónde empezar?

Quispe Dávila sugiere empezar con fortalecer la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, proceder con otorgar mayor presupuesto y que la Policía Nacional pueda recopilar información. Asimismo, entender que esta red criminal que ataca constantemente a los defensores ambientales está compuesta también por funcionarios estatales.

"Suele pasar que la dirección regional agraria de algún gobierno regional otorga títulos individuales o constancia de posesión a favor de terceros que invaden comunidades nativas, estos terceros cultivan hoja de coca y terminan vendiéndole a los narcos".

Por otro lado, señala que debemos dejar de ver a los pueblos indígenas como personas indefensas que el Estado debe proteger.

"Existen iniciativas efectivas que ellos mismos han creado y es el Estado quien debería escucharlos y ayudarlos a fortalecer la lucha que vienen realizando contra actividades ilícitas, como la minería ilegal o el narcotráfico".

Todos los expertos consultados en este informe, coinciden en la importancia que Perú pueda ratificar el Acuerdo de Escazú. Esta herramienta puede brindar una mirada individual y colectiva desde la protección de los defensores ambientales hasta el cuidado del medio ambiente. Cabe resaltar que, en octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores archivó este pacto ambiental, por la creencia de que “afectaría la soberanía del país”.

Colombia, Brasil y Perú, que no han ratificado el acuerdo, son los países con mayor número de defensores ambientales asesinados en América Latina.

Mientras tanto, el Apu Miguel Guimaraes cuenta que han enviado, desde Aidesep, una agenda al Poder Ejecutivo que recoge las necesidades de los pueblos y espera que pronto confirmen la fecha de la reunión con el presidente Pedro Castillo, junto con las comunidades indígenas amazónicas.